En Estados Unidos se difundió un nuevo lote de archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, y el sacudón fue inmediato. La documentación reúne registros financieros, comunicaciones y material incorporado a investigaciones, y volvió a poner el foco sobre el mapa de vínculos que rodeaba al financista.
Dentro de ese universo aparecen nombres de distintos ámbitos y, entre ellos, figura Roberto Giordano. La mención generó repercusión local por tratarse de una figura conocida, aunque el material, tal como está presentado, no explica por sí solo el contexto completo de esa referencia.
Lo que se señala, según extractos bancarios incluidos en los archivos, son transferencias atribuidas a Epstein hacia Roberto Giordano en más de una oportunidad. Los montos asentados son altos: en los registros aparecen operaciones que irían de 500 mil a un millón de dólares. No se consigna, al menos en esos pasajes, para qué se efectuaron ni qué tipo de relación las enmarcaba.
El dato se vuelve más sensible por el peso del caso: Epstein fue descripto como “uno de los depredadores sexuales más notorios de las últimas décadas”. Esa condición explica por qué cualquier rastro administrativo o financiero asociado a su entorno despierta alarma y multiplica lecturas.
Además, los mismos archivos consignan un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016. La referencia surge de correos en los que se menciona una ida urgente a Punta del Este que habría obligado a reprogramar un encuentro con Ehud Barak.
Ese punto llamó la atención en Argentina porque Uruguay fue, durante años, un lugar frecuente para Giordano en temporada. Ahora bien, en el material no aparece un nexo explícito que una esas coordenadas con las transferencias: se trata de registros que conviven en el mismo paquete documental sin una conclusión directa en el texto.
Giordano murió en noviembre de 2024, cuando tenía 79 años, y había pasado su última etapa radicado en Uruguay, lejos del centro de la escena. Antes de ese retiro, su nombre había quedado asociado a un proceso judicial que terminó con una condena de dos años y cuatro meses de prisión por delitos económicos y por maniobras vinculadas a aportes laborales de más de 500 trabajadores.
La aparición de estos registros no equivale, por sí sola, a una acusación nueva. Pero sí reintroduce su figura en la conversación pública, atada a un expediente internacional extremadamente delicado, donde cada dato se mira con lupa y su significado final queda sujeto al análisis judicial y periodístico.
