Grabois fue agredido y retenido al llegar a Bolivia

Juan Grabois de la CTEP, y Daniel Catalano de ATE, junto con otros representantes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, fueron agredidos por fuerzas de choque civiles en el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, según relataron miembros de esta delegación de argentinos que viajaron para "llevar solidaridad, difundir información y recibir denuncias en relación al golpe de Estado" en ese país.

La denominada "Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia" fue retenida, y catorce de sus integrantes fueron separados por las fuerzas de seguridad y sometidos a una indagatoria exhaustiva, en un contexto de hostigamiento, registrado en diferentes videos expuestos en las redes sociales. 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, por lo que la delegación debió partir hacia La Paz y luego debió refugiarse en El Alto. Catalano contó: "Fue una situación que se generó cuando llegamos a Santa Cruz, la policía trato de generar un clima de tensión, en particular con Juan Grabois, y luego dividió al grupo en tres cuando tratábamos de salir de Santa Cruz", agregó, y denunció: "Nos tenían preparada una patota con personas que nos insultaban y nos decían que teníamos que volver a nuestro país".

Por su parte, Grabois dijo que "todo sucedió en el marco de la delegación en la que junto a un grupo de profesionales y dirigentes de movimientos sociales y ambientales vinimos a Bolivia a realizar un relevamiento de las grandes violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas que se están produciendo en el marco del golpe de estado en Bolivia".

El referente de CTEP denunció: "En Santa Cruz nos recibieron las fuerzas de seguridad, nos llevaron a un rinconcito, y uno a uno nos fueron interrogando de una manera absolutamente arbitraria, y preguntándonos a quiénes veníamos a entrevistar. Información que por supuesto no dimos al resguardo de las personas con las que vamos a encontrarnos".

Grabois contó además que le dijeron que "tenía prohibido emitir opiniones políticas en el país", algo que consideró como "un disparate dentro del orden público internacional debido a que si esto fuera una democracia, la prensa y las personas tendrían derecho a opinar".