El acuerdo con el FMI trae ajuste fiscal

Con un acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI que necesariamente deberá ser revisado por el Congreso, en las próximas semanas se deberán evaluar aspectos técnicos que incluyen metas de tipo fiscales, de financiamiento monetario y de reservas en el Banco Central. Según la hoja de ruta oficializada el viernes, se deberá bajar el déficit de cerca del 3 por ciento del PBI a 2,5 por ciento, lo que implicaría unos 235.000 millones de pesos.

Conocido el contenido del acuerdo, las críticas a la viabilidad de esa meta fiscal provinieron del propio oficialismo, poco convencidos de poder cumplir. Una de las preocupaciones del gobierno, es el silencio de Cristina Fernández, quien además tiene poder de veto del acuerdo. 

“El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8.920 millones de dólares, al tipo de cambio del presupuesto 2022, y de 4.200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentó en el Parlamento y que no fue aprobado”, dicen analistas aliados al partido gobernante .

Las consultoras tampoco quedaron ajenas al análisis de la situación. Para LCG  “en concreto el acuerdo pasa por un ajuste fiscal que llevaría al déficit primario de 2,5 por ciento en 2022 a 0,9 por ciento en 2024, un esfuerzo relativamente leve más aún cuando el Ministro ya anticipó que lo logrará con algún tipo de reforma fiscal, posiblemente una suba de impuestos,  y reorientación del gasto presumiblemente mediante una reducción del gasto en subsidios a la energía”.

Para Ecolatina, “en el plano fiscal resulta claro que la apuesta consiste en que gran parte de la consolidación fiscal se haga por la ‘vía del crecimiento’: un gasto que no crece en términos reales implica, siempre que la actividad crezca, una reducción de éste en términos del PIB”.

El Gobierno y el FMI deberán , en las próximas semanas , continuar las negociaciones para terminar de definir la letra chica del acuerdo técnico, para diseñar el memorandum de entendimiento final que deberá ser tratado por el Congreso y por el directorio del organismo. Los tiempos del Ministerio de Economía hablan de que todo ese proceso tendría que finalizar antes de fines de marzo.

Un punto que se desconoce es sobre cómo debería componerse el gasto público o qué magnitud tendrá la inversión pública, por ejemplo, en obras públicas. El FMI habló en su comunicado de que el consenso “permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.