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Piden elevar a juicio la causa por los cinco bebés muertos

El fiscal de instrucción Raúl Garzón le asignó responsabilidades más gravosas al exministro de Salud y a la ex directora del hospital neonatal.
Sabado, 23 de septiembre de 2023 a las 16:50

Durante el mes de agosto de 2022, el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba trascendió por los sospechosos fallecimientos de cinco bebés que habían nacido en perfectas condiciones. La autora principal señalada por las familias damnificadas es la enfermera Brenda Agüero de 28 años, aunque la investigación llegó hasta el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo y la ex directora del hospital Liliana Asís, tras haberles asignado figuras más gravosas.

Esta semana, el fiscal de instrucción Raúl Garzón pidió elevar a juicio esta causa en la que cinco bebés fueron asesinados y otros ocho en grado de tentativa, mediante la inyección de altas dosis de potasio e insulina que habrían sido propiciadas por la enfermera. Garzón sostuvo que se llega a la conclusión tras “haber completado en un 80% el grado de probabilidad de investigación de todos los homicidios y los hechos en tentativa de cada uno de los bebés”, además de argumentar cómo escala la causa hasta los funcionarios públicos.

Brenda Agüero de 28 años es la principal acusada de ser la autora material de estos crímenes.

Según Raúl Garzón, el exministro Cardozo fue imputado por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, y la ex directora del hospital está con prisión domiciliaria por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El nuevo delito, y no menor, que el fiscal les endosa en este pedido de juicio es por “encubrimiento doblemente calificado por la calidad funcional y por el hecho precedente”.

 

Hasta ahora, la única detenida por la muerte de los cinco bebés es la enfermera desde el 19 de agosto de 2022, mientras que los otros imputados son de la administración del hospital y del Ministerio de Salud. El abogado defensor de las familias damnificadas esgrimió que estas imputaciones se deben a que ninguno de ellos cumplió “con denunciar estos casos que nada tienen que ver con mala praxis ni muertes accidentales, sino que se trataba de hechos probablemente criminales, que encubrieron para desviar responsabilidades”.

 

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