En medio de la campaña electoral, la Cámara de Diputados avanza con el debate sobre el futuro del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025. La polémica gira en torno a la obligación del Ejecutivo de garantizar el cumplimiento de la norma, que había sido aprobada por el Congreso.
Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, se analizaron dos alternativas: la interpelación como primer paso y, posteriormente, la posibilidad de una moción de censura. Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, sostuvo que “el mecanismo que tenemos que llevar adelante es primero interpelar y, en segundo lugar, proceder al voto si se tiene confianza o no en el Congreso sobre las explicaciones que dio el Jefe de Gabinete”.
A raíz de las negociaciones entre bloques, surgieron dos dictámenes distintos. El primero, respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Marcela Pagano, propone la interpelación seguida de una eventual moción de censura. El segundo, apoyado por Fernando Carbajal (Democracia), Juan Manuel Brugge (Encuentro Federal) y legisladores de la UCR, limita el procedimiento únicamente a la interpelación, sin aludir a la moción de censura. Según fuentes de la comisión, esta decisión busca mantener la presión sobre el Ejecutivo sin anticipar cambios drásticos antes de las elecciones del 26 de octubre.
Desde el oficialismo, la estrategia fue aceptar de manera informal la interpelación como forma de desactivar la moción de censura, confiando en la experiencia previa de Francos en una interpelación relacionada con el tema $Libra, que resultó favorable para su gestión. “No hay fecha definida para la interpelación, eso lo resolverá el pleno de la Cámara. El resultado de las elecciones determinará si la discusión se limita a interpelarlo o si se impulsa también la moción de censura”, explicó un legislador opositor.
La controversia se originó cuando Francos decidió suspender la aplicación de la ley por considerar que el Congreso no había definido fuentes de financiamiento. Desde la oposición argumentan que el Jefe de Gabinete tiene la responsabilidad de definir las partidas, ya que el país no cuenta con un Presupuesto nacional vigente desde hace dos años. En paralelo, diputados del PRO calificaron la iniciativa de moción de censura como “destituyente” y una “aberración política”, en defensa del funcionario.
