La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez buscaban que el decomiso de sus bienes por la causa Vialidad fuera trasladado a otros fueros, pero la Fiscalía N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de Mario Villar, dictaminó que los recursos deben ser rechazados.
El caso apunta al decomiso de $684.990.350.139,86, cifra que los nueve condenados por corrupción deberán devolver tras la investigación sobre fondos de la obra pública. La exmandataria y Báez cuestionaron la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) para ejecutar el decomiso: Cristina Kirchner pidió que pase al fuero Civil y Comercial, donde la demanda civil ya fue declarada caduca, mientras que la defensa de Báez solicitó que se tramite en el TOF N° 4, alegando que su condena en Vialidad se unificó con la de la causa “Ruta del dinero K”.
El dictamen fiscal de 13 páginas señala que el decomiso es “una consecuencia jurídica independiente” de la pena y puede ordenarse incluso sin condena previa. Villar aclaró que esta medida no debe confundirse con la restitución de daños a terceros, como pretendió la acción civil de Vialidad, que quedó caduca. Además, subrayó que el objetivo del decomiso es eliminar ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente, para evitar que los condenados puedan reincidir en delitos.
Respecto al argumento de Báez, la Fiscalía indicó que el decomiso no forma parte del régimen de unificación de penas, por lo que separar su situación del resto de los condenados podría generar incoherencias en la ejecución de los bienes. Villar enfatizó que la recuperación de activos vinculados a la corrupción es un compromiso del Estado argentino, en línea con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que instan a no dilatar ni entorpecer la ejecución de decomisos.
Los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado previamente mayor celeridad en la ejecución de los bienes embargados, resaltando que la resistencia de los condenados refleja la magnitud de la defraudación y la falta de arrepentimiento, constituyendo una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley.
Actualmente, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si acepta o rechaza el pedido de traslado de jurisdicción, en una decisión que se espera la próxima semana, determinando finalmente cómo se llevará adelante la recuperación de los casi 685 mil millones de pesos obtenidos de manera ilícita.
