En una presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, reclamó a los diputados que habiliten el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que ya cuenta con dictamen de mayoría. Su pedido apunta a que el proyecto pueda debatirse antes del cierre del período ordinario el próximo 30 de noviembre o, en su defecto, en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.
Bullrich aseguró que la reforma “es urgente para evitar que los menores ingresen al delito” y defendió su gestión con una frase que volvió a subrayar: “El que las hace, las paga no es un lema de campaña, es un principio de gobierno. Sin seguridad no hay libertad”. Fue recibida con aplausos por los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo, tras haber obtenido días atrás el 50,29% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires como cabeza de lista al Senado.
El proyecto —enviado por el Ejecutivo en junio de 2024— establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años, con proporcionalidad en las sanciones y foco en la resocialización. Solo permite la privación de libertad en delitos graves y como última instancia, con un máximo de 15 años de condena y alojamientos exclusivamente juveniles. Entre las medidas previas contempla servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico, programas educativos, tratamiento psicológico y mediación penal con participación voluntaria de la víctima.
Uno de los ejes centrales es justamente el rol de las víctimas: se las reconoce como sujetos activos en el proceso, con derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio legal, asistencia psicológica desde el inicio, e incluso a oponerse a decisiones de la fiscalía para forzar su revisión por un fiscal superior. El texto también prevé responsabilidad civil para los padres o tutores del adolescente imputado.
La iniciativa fue trabajada por un plenario de cuatro comisiones y logró dictamen de mayoría el pasado 6 de mayo, gracias al apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda firmaron dictámenes de rechazo y advirtieron que “no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito”.
Con el proceso ya listo para ser votado en el recinto, la presión política ahora está puesta en el reloj parlamentario. Bullrich lo dejó claro: el oficialismo quiere que el debate ocurra cuanto antes.
