El Gobierno argentino encendió las alarmas ante la posible expansión de organizaciones criminales brasileñas en el país. Un documento oficial señala que 28 personas radicadas en Argentina estarían vinculadas con el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las bandas narco más poderosas de Brasil.
Según el informe, 14 de los presuntos integrantes se encuentran alojados en cárceles federales, mientras que otros 14 permanecen en libertad. Todos ellos tendrían participación directa en redes dedicadas al narcotráfico, el sicariato y otras actividades ilícitas, con la intención de ampliar su dominio territorial en la región.
Las autoridades sostienen que desde 2014 el PCC ha expandido sus operaciones más allá de Brasil, instalándose en Paraguay, Bolivia, Perú, América del Norte y Europa. En Argentina, su influencia se habría consolidado dentro del sistema penitenciario, especialmente en las provincias de Santa Fe y Chaco, donde se detectó un proceso de radicalización de reclusos.
Entre los nombres identificados figura Adriano Giménez Morales, ciudadano paraguayo detenido en la Colonia Penal de Candelaria (Unidad N°17). Condenado por tráfico de estupefacientes, Morales habría admitido vínculos con el PCC y confesado haber realizado “trabajos de sicariato” para una organización narco peruana. En el mismo penal se encuentra Jonathan Renato Gonçalves, brasileño detenido tras un operativo de Gendarmería Nacional.
El documento detalla también el mecanismo de incorporación de nuevos miembros a estas organizaciones, a través de un ritual conocido como “bautismo”. Este consiste en registrar los datos personales de los nuevos integrantes en un “libro blanco”, primero en formato físico y luego digitalizado, para ser compartido por correo y mensajería encriptada.
Durante una investigación reciente, las fuerzas de seguridad habrían hallado una hoja de cálculo con una lista de 28 “miembros activos” en territorio argentino, con información sobre su ubicación y antecedentes penales.
Entre los involucrados aparece Ariel José Rojas, implicado en la llamada “masacre de Coronda”, ocurrida en una cárcel santafesina. Otro de los nombres mencionados es Néstor Horacio Barczuk, preso en la Colonia Penal de Santa Rosa, quien habría participado de un “bautismo” en Chaco. En el mismo registro figuran también Víctor Hugo Pedraz Cristofoletti, Roberto Silvera Mafra y Gusmao Leonardo Monte Alto, este último vinculado a un grupo delictivo denominado “Callau Barriga”, con base en la localidad entrerriana de Ibicuy.
Además de los delitos cometidos, varios de los sospechosos presentan tatuajes y símbolos asociados a la iconografía criminal del PCC y el Comando Vermelho, según consta en el informe.
La expansión del crimen organizado brasileño en el Cono Sur constituye una creciente preocupación para las fuerzas de seguridad. El documento concluye que la presencia del PCC en Argentina ya no es un fenómeno aislado, y advierte que su estructura operativa y su red de contactos representan un desafío cada vez mayor para el sistema penitenciario y la lucha contra el narcotráfico en la región.
