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Miércoles 08 de Octubre, Neuquén, Argentina
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Marcha de jubilados y detenciones en las inmediaciones del Congreso

Los manifestantes reclaman mejoras en las prestaciones mientras la ANSES otorgó un aumento por movilidad y un bono adicional para haberes mínimos.

Por Redacción

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 17:07
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Mientras la policía aplicaba el protocolo antipiquete, los manifestantes denunciaron recortes y exigieron el cumplimiento de los derechos previsionales.

Una nueva marcha de jubilados se lleva a cabo este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se registran enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad. La protesta, que forma parte de las movilizaciones semanales que se realizan todos los miércoles, se desarrolla con columnas de distintas organizaciones que marchaban por la zona de la Plaza del Congreso y la avenida Callao.

Según se observó en las imágenes difundidas por medios nacionales, la policía realizó un operativo para contener a los manifestantes dentro del perímetro de la Plaza, donde se instala un vallado según el protocolo antipiquete vigente. El procedimiento terminó con algunas detenciones, en el marco de la rutina de estas manifestaciones, cuyo objetivo es visibilizar las demandas del sector previsional.

El reclamo de los jubilados coincide con la entrada en vigor de un aumento del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, derivado de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC. Además, la ANSES confirmó un bono extraordinario de 70.000 pesos para los titulares de haberes mínimos, elevando el monto total a 396.298,38 pesos, incluyendo el reciente aumento por movilidad.

En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial en la que la oposición buscará aprobar una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de limitar las facultades del presidente Javier Milei. La propuesta, que ya obtuvo media sanción del Senado, establece que el Congreso tendrá 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU, y de no hacerlo, los decretos quedarían sin efecto.

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