El Gobierno argentino atraviesa una nueva discusión interna que combina diplomacia, comercio exterior y propiedad intelectual: ¿debe el país adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), tal como lo reclama Estados Unidos en el marco del reciente entendimiento bilateral?
El tratado —redactado en Washington en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual— cuenta con media sanción del Senado desde 1998, pero nunca avanzó en Diputados. Ahora, con la nueva composición del Congreso, vuelve al centro de la escena.
Dentro de la Casa Rosada coexisten dos posturas opuestas:
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Un ala del Ejecutivo asegura que impulsará su aprobación para cumplir con los compromisos asumidos con Washington.
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Otro sector descarta activarlo y evalúa alternativas menos disruptivas, como modificar la ley de patentes vigente para reforzar la protección sin incorporar el tratado.
Ambos grupos reconocen el mismo frente de batalla: la presión cruzada de la industria farmacéutica.
Los laboratorios locales buscan frenar la ratificación, argumentando que el PCT podría afectar la producción nacional y encarecer medicamentos. Los internacionales, en cambio, exigen su aprobación como señal de alineamiento con los estándares globales de propiedad intelectual.
El tema no es menor. La administración Biden incluyó explícitamente el PCT en el anuncio oficial del acuerdo comercial con Argentina, publicado en su sitio web. Allí, Estados Unidos menciona avances en la lucha contra la falsificación y la piratería, pero advierte que el país aún debe modificar criterios de patentabilidad, agilizar trámites del INPI y adecuarse a normas internacionales.
La Casa Blanca se apoya en el informe especial 301 de la Oficina del Representante Comercial (USTR), que acusa a la Argentina de protecciones insuficientes, mercados informales activos —como Once o La Salada— y un sistema de propiedad intelectual debilitado tanto por falta de estructura como por límites legales.
La crítica se extiende a la falta de cobertura patentable para categorías de invenciones farmacéuticas aceptadas en otros países, y a restricciones sobre desarrollos biotecnológicos basados en material vivo o sustancias naturales. El IP Index de la Cámara de Comercio de EE.UU. ubica al país en el puesto 45 de 55.
Con la presión internacional en aumento, el Gobierno explora caminos posibles: avanzar con el tratado, resistirlo, o negociar reformas internas a la Ley 24.481 para mostrar voluntad de adaptación sin adherir al PCT.
