La investigación por el fentanilo adulterado, que ya contabiliza 173 muertes en distintos puntos del país, sumó un testimonio que podría ser decisivo. Una exempleada del Laboratorio Ramallo, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, declaró que los directivos sabían de la contaminación bacteriológica en la producción, pero ordenaban continuar con la fabricación para evitar pérdidas comerciales.
Ante el juez federal Ernesto Kreplak, la testigo relató que el laboratorio funcionaba bajo una lógica de aceleración de procesos y de manipulación de controles internos. Según su relato, los estudios microbiológicos que debían esperar 14 días para arrojar resultados completos eran revisados a las 72 horas, pese a que ese análisis prematuro podía ocultar la presencia de bacterias. “Todo venía desde arriba. Teníamos que mirar los cultivos antes de tiempo porque había que vender”, afirmó.
La mujer aseguró que incluso cuando se detectaban resultados positivos en más de una repetición, la empresa “igualmente liberaba los lotes”. En una ocasión, dijo, consultó si un producto contaminado realmente se comercializaba y la respuesta interna fue categórica: “Se vendía igual”.
El testimonio también apuntó a presuntas maniobras de ocultamiento frente a inspectores de la ANMAT. Antes de los procedimientos en Ramallo y en HLB Pharma, “desaparecían los cuadernos con los resultados microbiológicos positivos”, que eran retirados para evitar sanciones. “A mitad de marzo guardaron todo; estaban escondiendo cosas”, detalló.
En paralelo, un reciente informe del Cuerpo Médico Forense concluyó que en 38 de 40 muertes analizadas, el opioide contaminado fue “determinante” en el desenlace fatal. Además, la Justicia secuestró más de 82 mil ampollas del fentanilo adulterado en allanamientos realizados en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.
La causa sigue avanzando y el testimonio refuerza la hipótesis de una cadena de negligencia sistemática, que podría derivar en nuevas imputaciones y responsabilidades penales.
