El Congreso de Estados Unidos avanza en una investigación bipartidista sobre los ataques militares contra narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que han causado la muerte de al menos 83 personas desde el pasado 2 de septiembre. Los comités de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes anunciaron que llevarán a cabo "una supervisión rigurosa" para determinar los hechos relacionados con estos bombardeos, que no cuentan con autorización del Congreso ni aval judicial. La controversia se centra en un ataque específico contra una embarcación venezolana en el que, según un informe del Washington Post, el secretario de Defensa Pete Hegseth habría ordenado verbalmente "matar a todos" los tripulantes, incluyendo a dos supervivientes que se aferraban a los restos del barco.
Varios legisladores demócratas consideran que esta operación podría constituir un crimen de guerra. El senador Tim Kaine afirmó que "esto se eleva al nivel de un crimen de guerra si es cierto", mientras que su colega Mark Kelly, antiguo piloto de combate, expresó tener "serias preocupaciones de que alguien en esa cadena de mando cruce una línea que nunca debería cruzar". Incluso algunos republicanos, como el representante Mike Turner, admitieron que un ataque contra personas indefensas "sería muy grave" y constituiría "un acto ilegal". El senador republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed, líderes del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, emitieron un comunicado conjunto comprometiéndose a investigar los "presuntos ataques posteriores" contra embarcaciones.
El presidente Donald Trump se mostró ambiguo respecto a las acusaciones contra Hegseth. A bordo del Air Force One el domingo por la noche, Trump aseguró desconocer los detalles del incidente y declaró: "No es lo que hubiera querido, no un segundo ataque". Sin embargo, defendió a su secretario de Defensa afirmando que "Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres, y le creo". Hegseth rechazó categóricamente las acusaciones a través de la red social X, calificándolas de "noticias falsas" y asegurando que todas las operaciones en el Caribe "son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional".
Mientras tanto, Trump se reunirá con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para definir los próximos pasos en relación con Venezuela. En el encuentro participarán Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio , el jefe del Estado Mayor Dan Caine y la jefa de Gabinete Susie Wiles. La reunión se produce apenas 24 horas después de que Trump reconociera haber mantenido una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro hace dos semanas, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de la llamada. El sábado, el mandatario estadounidense había hecho saltar las alarmas al advertir que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "cerrado por completo".
La polémica ocurre en un momento de máxima tensión entre ambos países. La Administración Trump acusa a Maduro de liderar el "cartel de los Soles" y la semana pasada el Departamento de Estado incluyó a esta organización en su lista de grupos terroristas extranjeros. Washington mantiene desplegado en la región el mayor contingente militar en décadas, incluido el portaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de su flota. La lucha contra el narcotráfico es el argumento que el gobierno estadounidense utiliza para justificar estos ataques, conocidos como "Operación Lanza del Sur", aunque críticos advierten que podría tratarse de un preludio a acciones militares más amplias en territorio venezolano.
