El fallo de la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, que ordena a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, ha reavivado un conflicto judicial que lleva más de una década. Para entender las implicancias de este fallo, es necesario analizar el contexto histórico, los elementos legales y las consecuencias políticas y económicas que este trae consigo.
El Caso de la Expropiación de YPF
El 16 de abril de 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno argentino anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol, con el objetivo de recuperar el control sobre los recursos hidrocarburíferos del país. La presidenta argumentó que la medida no era una estatización, sino una recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos. La medida fue polémica, y Repsol reaccionó de inmediato, calificando la expropiación como “ilícita” y anunciando su intención de tomar medidas legales.
El proceso comenzó con una acción legal por parte de Repsol, que no solo buscaba la restitución de sus acciones, sino también compensaciones por la pérdida de su participación en la compañía. Años más tarde, el caso se convirtió en un litigio internacional que involucró tribunales de Estados Unidos, donde Argentina fue demandada por US$ 16.000 millones más intereses.
El Papel de Burford Capital
El fondo Burford Capital, uno de los actores clave en este caso, compró los derechos a litigar en este juicio en 2017. A través de un acuerdo con Repsol y otros actores involucrados, Burford adquirió la posibilidad de continuar con la demanda a cambio de un porcentaje de la indemnización que se obtuviera. Este fondo se convirtió en el principal beneficiario del juicio contra Argentina, y desde el inicio solicitó diversas medidas como embargos y la entrega de activos, lo cual generó presiones adicionales para que el país llegara a una negociación.
La Sentencia de la Jueza Preska
El fallo reciente ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la sentencia que condenó al país a pagar más de USD 16.000 millones a los demandantes, con intereses diarios que suman alrededor de USD 2,5 millones. La jueza Preska estableció que las acciones deberán ser entregadas en un plazo de 15 días, una medida que acentúa la presión sobre el gobierno argentino.
El monto total de la sentencia, con los intereses incluidos, ya supera los USD 17.000 millones y continúa creciendo, lo que convierte esta disputa en una de las más costosas en la historia reciente de Argentina. Además, Burford Capital, el principal beneficiario de la sentencia, solicitó reiteradamente medidas de presión para forzar una negociación y asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Las Repercusiones de la Expropiación
Aunque el acto de expropiación de YPF en 2012 fue justificado por el gobierno de entonces como una medida estratégica para recuperar el control de los recursos hidrocarburíferos, se ha demostrado que fue una acción mal ejecutada en varios aspectos, tanto técnica como estratégicamente. La expropiación fue realizada sin un marco adecuado y provocó repercusiones internacionales que se extendieron durante años.
A pesar de que muchos coinciden en que YPF estaba mal gestionada por Repsol, la expropiación no solo implicó un costo político y económico considerable para Argentina, sino que también desencadenó una serie de litigios internacionales que siguen afectando al país. El tiempo ha mostrado que la medida fue llevada a cabo sin las garantías legales necesarias, lo que ha costado miles de millones de dólares en indemnizaciones y condenas judiciales.
La Apelación y el Futuro del Caso
Argentina ya ha anunciado que apelará el fallo de primera instancia en el que la jueza Preska ordena la entrega de las acciones de YPF. Sin embargo, el plazo para apelar es breve, y los abogados del país tendrán que presentar su defensa en las próximas dos semanas para intentar revertir la decisión.
Este fallo podría tener graves consecuencias tanto a nivel económico como político para el gobierno de Javier Milei, ya que la entrega del 51% de YPF significaría una pérdida significativa de control sobre una de las empresas más estratégicas del país, particularmente en un contexto en el que Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales se posicionan como el futuro energético de Argentina.