En un nuevo paso dentro de su plan de reforma estatal, el gobierno de Javier Milei eliminó oficialmente este martes la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que hasta hoy regulaba y fiscalizaba la tenencia y uso de armas, municiones y explosivos en el país. La medida llega apenas días después de que se flexibilizara el acceso a armas semiautomáticas con cargadores desmontables, muchas de ellas derivadas de armamento militar.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 445/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según el texto, la ANMAC deja de existir como organismo descentralizado y con autarquía económica para convertirse en una dependencia directa del Ministerio de Seguridad, ahora en forma de organismo desconcentrado.
Además de suprimir la ANMAC, el decreto también elimina el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que destinaba recursos a programas orientados a reducir la violencia con armas de fuego.
Vuelve el RENAR
En reemplazo de la ANMAC, el Gobierno dispuso el restablecimiento del Registro Nacional de Armas (RENAR), que operará bajo el control directo del Ministerio de Seguridad. El RENAR, que había sido sustituido en 2015 por la ANMAC, tendrá entre sus funciones la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, la fiscalización de materiales controlados y la cooperación en políticas criminales.
Según se informó, el personal de la ANMAC conservará sus puestos hasta que se complete la reestructuración administrativa del ministerio.
Más armas, menos control
La eliminación del organismo encargado de regular el uso civil de armas ocurre en paralelo con un decreto que amplió el acceso a armamento de alto poder de fuego. La normativa firmada días atrás por el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto 64/1995, que por más de tres décadas prohibía a civiles la tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores desmontables, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.
El nuevo régimen autoriza a usuarios civiles a adquirir y portar este tipo de armas, previo a una autorización especial por parte del organismo regulador. Originalmente, dicha tarea había quedado bajo la órbita de la ANMAC, pero con su disolución pasará a ser administrada por el RENAR.
Desde el Gobierno aseguran que la normativa busca “modernizar y eficientizar” el sistema de control, mientras que desde sectores vinculados a la seguridad y los derechos humanos ya se alzaron voces de alerta por el posible impacto en la violencia armada y el debilitamiento del control estatal sobre un tema tan sensible.