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Martes 22 de Julio, Neuquén, Argentina
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Con la privatización de AySA ahora pueden realizar cortes de agua por falta de pago

Con un decreto, el Gobierno habilitó el corte del servicio por deudas y la venta total o parcial de AySA. El agua será gestionada con fines comerciales, y los usuarios, quedan a merced del mercado.

Por Redacción

Martes, 22 de julio de 2025 a las 10:13
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El agua, hasta ahora considerada un servicio esencial en Argentina, dejará de ser intocable. Con la publicación del DNU 493/2025, el Gobierno nacional dio dos pasos clave y polémicos: habilitó los cortes de suministro por falta de pago y allanó el camino para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que abastece a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida, que modifica el histórico Decreto 304/2006, elimina la obligación del Estado de mantener el 90% del capital accionario de AySA. Desde ahora, se permite la venta total o parcial de la empresa a actores privados, que podrán operar con reglas nuevas y mucho más flexibles.

Pero lo que más ruido generó es la incorporación expresa de la posibilidad de interrumpir el servicio ante situaciones de mora. Una decisión que rompe con más de una década de jurisprudencia que impedía los cortes, entendiendo al agua como un derecho humano y un servicio esencial que debía garantizarse incluso en contextos de vulnerabilidad.

Con esta reforma, el Gobierno habilita a la futura empresa privada a realizar cortes, a usar los ingresos de los usuarios como garantía financiera y a gestionar el servicio con fines comerciales. Un escenario que, para muchos, convierte al agua en una mercancía más. Para otros, es el camino necesario para mejorar una empresa endeudada y colapsada.

La grieta no tardó en emerger: por un lado, quienes celebran la motosierra contra el “gasto público ineficiente” y respaldan la llegada de inversores; por otro, quienes alertan que se está avanzando sobre un bien básico que no puede estar atado al negocio ni al mercado.

Aunque el Gobierno prometió un “período de transición” de hasta cinco años para adaptar el nuevo esquema, los cambios ya son oficiales. Y con ellos, también la advertencia: quien no pague, podrá quedarse sin agua.

¿Privatización necesaria o retroceso social?
Lo cierto es que el agua ahora tiene dueño, y el corte, tarifa.

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