El gobierno de Axel Kicillof decidió expulsar a 24 altos oficiales de la Policía Bonaerense tras descubrir que estaban involucrados en una "acción conspirativa" y operaban políticamente a favor de Maximiliano Bondarenko, excomisario y actual candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la estratégica Tercera Sección electoral.
La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad llevó a cabo operativos sorpresa en distintas oficinas policiales, donde verificaron la veracidad de denuncias anónimas que señalaban la participación política de los oficiales. Entre los cesanteados se encuentra toda la dirección de la Policía Ecológica, quienes, según las investigaciones, "realizaban tareas políticas" para Bondarenko, que además es concejal de Florencio Varela y una figura central en la lista de LLA.
Bondarenko, que solicitó licencia en la policía para dedicarse a la política, competirá en las próximas elecciones con Verónica Magario, la actual vicegobernadora de la provincia, en una sección clave para el oficialismo peronista.
Durante los allanamientos, los agentes de la AGAI secuestraron documentos con membretes de La Libertad Avanza y fondos de pantalla con imágenes de Javier Milei en las computadoras de los implicados, evidenciando su vínculo con el partido libertario.
El Ministerio de Seguridad anunció que elevará las actuaciones a la Justicia Penal para determinar si existieron delitos, además de las infracciones a la Ley Orgánica de la Policía, que prohíbe expresamente la participación política de personal en actividad.
Se sospecha que los oficiales sancionados estaban preparando un proyecto de "reforma de la Policía" en el que se autoincluirían en cargos de conducción, lo que fue interpretado como parte de la conspiración. Además, habrían desarrollado proyectos de ley relacionados con seguridad para ser presentados en la Legislatura bonaerense, supuestamente bajo la firma de Bondarenko.
Fuentes del Ministerio de Seguridad adelantaron que Javier Alonso, titular de la cartera, remitirá todas las investigaciones internas a la Justicia Penal para que se investigue si se cometieron delitos durante estas maniobras.