Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT y titular del gremio de estaciones de servicio (SOESGyPE), evitó ser juzgado por coacción tras un bloqueo a una estación de servicio en la Ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 le concedió la suspensión del juicio a prueba (probation), que incluye el pago de una indemnización de $8 millones a la empresa afectada y la realización de cuatro horas mensuales de trabajo comunitario por 18 meses.
El bloqueo, que ocurrió el 21 de diciembre de 2021, fue denunciado por el empresario Antonio Rizzo y acompañado por la abogada Florencia Arietto. Según la acusación, cerca de 100 activistas gremiales impidieron el ingreso y el funcionamiento de la estación ubicada en Jujuy y México, además de otras tres en el conurbano, como forma de presión durante una negociación salarial. La Justicia consideró que hubo un uso abusivo del derecho a la protesta.
Acuña ya estaba procesado por coacción y embargado por el mismo monto que ahora deberá pagar como resarcimiento económico. En la audiencia del 24 de junio, su defensa —que incluyó al ex presidente Eduardo Duhalde— solicitó la probation. También propusieron reemplazar las tareas comunitarias por una donación de $2 millones a la Parroquia San Cayetano, pero el juez Domingo Altieri rechazó ese punto.
La resolución judicial destacó que, si bien el sindicalista no estuvo físicamente en el lugar del hecho, como líder sindical fue considerado responsable de la planificación y ejecución del bloqueo. La Cámara de Apelaciones había revocado un sobreseimiento previo, señalando que los derechos constitucionales, como el de huelga, no justifican conductas abusivas ni violentas.
Acuña deberá mantener domicilio fijo, informar si sale del país y presentarse cada tres meses ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. La resolución no incluyó la prohibición de acercarse a las estaciones afectadas, aunque el tribunal aclaró que cualquier nuevo acto de hostigamiento podría implicar el fin de la probation.
El caso de Acuña se suma al de Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, quien también logró evitar un juicio por bloqueo a una pyme mediante una probation. Según Arietto, estos fallos representan un precedente relevante: "Ya no es gratis bloquear una empresa", dijo. Ambas resoluciones implican un reconocimiento indirecto de que los bloqueos sindicales, cuando exceden el marco legal, constituyen un delito.