El ministro de Economía, Luis Caputo, dio un paso más en su estrategia para absorber pesos del mercado y financiar al Estado con fondos públicos. A través de la resolución 62/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se oficializó el mecanismo por el cual organismos y empresas estatales deberán informar mensualmente sus movimientos financieros y disponibilidades de caja, con el objetivo de destinar esos excedentes a la compra de títulos del Tesoro.
La medida reglamenta y complementa un decreto previo que ya había establecido el marco general para que todos los entes alcanzados estén obligados a invertir sus fondos ociosos en deuda soberana. El Gobierno busca así centralizar el manejo de liquidez del sector público y evitar la expansión monetaria.
El anuncio llegó un día después de una licitación clave del Ministerio de Economía, en la que debió convalidar tasas elevadas para renovar $11,8 billones en instrumentos, en el marco del proceso de desarme de las Letras de Financiamiento (LEFI). Las condiciones de la operación generaron críticas de economistas y sectores de la oposición, por el alto costo que implicó retirar pesos del sistema.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, defendió la estrategia en redes sociales con una frase que resume el enfoque oficial: “No queremos que sobren pesos en el mercado.” Sin embargo, la presión del sector bancario obligó a convalidar tasas de hasta 65% anual, muy por encima de la inflación esperada, que se ubica por debajo del 20%.
En particular, en la letra más corta colocada a mediados de junio, el Tesoro pagó un rendimiento del 4,25% mensual, en un contexto donde la inflación proyectada no superaría el 2%. La brecha entre ambas variables garantiza márgenes de ganancia significativos para los inversores dispuestos a permanecer en pesos, a pesar del riesgo.