El exsenador nacional Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos en Asunción, Paraguay, por agentes de la División de Operaciones de Interpol (OCN-Asunción), tras haberse librado una orden de captura nacional e internacional contra ambos, en el marco de una causa por lavado de activos y contrabando de divisas.
Ambos habían sido interceptados previamente en la triple frontera con más de 200 mil dólares sin declarar en el interior de su vehículo. Desde entonces, permanecían bajo prisión domiciliaria en la capital paraguaya. Este miércoles, las autoridades ejecutaron el Oficio Judicial N.º 449, emitido por el Juzgado Penal de Garantías N.º 9 de Asunción, a requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Kueider y Guinsel Costa autorizaron voluntariamente el ingreso de las fuerzas a la residencia donde estaban alojados y se entregaron acompañados por sus abogados defensores, Mateo Sarubbi Rojas, Carlos Arévalo y Juan Marcelo Bogado Escobar.
El juez Rolando Duarte, de Interpol Paraguay, ordenó la prisión preventiva de ambos como medida alternativa a la domiciliaria, aunque aún se evalúa en qué establecimiento penitenciario quedarán alojados.
De forma paralela, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado paraguayo ratificó la orden de detención y señaló que, una vez que ambos implicados estén a disposición judicial, se notificará a la Justicia argentina para que comience el proceso formal de extradición.
Según explicó el juez Duarte, el tratado de extradición bilateral establece que Paraguay debe culminar el proceso iniciado en su territorio antes de autorizar la entrega. Una vez cumplido ese trámite, Argentina podrá concretar el traslado de los detenidos.
La Justicia argentina ha invocado varios delitos en su pedido: cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aunque el Ministerio Público paraguayo ha iniciado las actuaciones solo en relación con este último.
Duarte también reveló que el primer pedido de cooperación judicial llegó en enero de este año, pero el Ministerio Público paraguayo solicitó entonces más información complementaria para avanzar con la causa.