Un hombre con antecedentes por violencia de género, fue denunciado nuevamente por su ex pareja, quien relató que años atrás la golpeó, la cortó y la arrojó al río, a pesar de que ella no sabía nadar. Tras una nueva amenaza, la jueza de Paz de Cipolletti ordenó medidas urgentes de protección: prohibición de acercamiento a menos de 500 metros, restricción de contacto y derivación a Salud Mental, todo en el marco de la Ley 3040 de protección integral contra la violencia familiar.
La víctima, una mujer de Las Perlas, está separada desde hace más de una década, recordó con crudeza el episodio que casi le cuesta la vida. "Me golpeó, me cortó y me tiró al río”, denunció, evocando aquel momento en el que incluso debió recibir un botón antipánico en Neuquén por la gravedad de la situación. Ese recuerdo, lejos de ser un capítulo cerrado, volvió a cobrar fuerza cuando el agresor reapareció en su vida.
Una amenaza que revive el horror
El pasado lunes 8 de diciembre, a la salida de un mercado, la mujer se cruzó con su ex y este le lanzó una advertencia escalofriante: "Cuídate ahora en febrero, que te va a pasar lo mismo que antes". La frase no solo remueve el trauma, sino que instala un clima de temor en la víctima y su familia. La amenaza funciona como un reloj en cuenta regresiva, un recordatorio de que el peligro sigue latente.
Ante la denuncia presentada en la Subcomisaría 82°, la jueza Laura Pino resolvió actuar de inmediato. Consideró que la mujer se encuentra en estado de vulnerabilidad frente al victimario y que el género es un grupo especialmente protegido por la Constitución y los tratados internacionales. Por eso, dispuso medidas de protección por 90 días:
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Prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima y su familia.
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Distancia prudencial en espacios públicos o privados.
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Prohibición de agresiones, hostigamientos o contactos por teléfono, mensajes o redes sociales.
La magistrada advirtió que cualquier incumplimiento será sancionado con multas, trabajos comunitarios o incluso con intervención del Ministerio Público Fiscal por desobediencia a la autoridad.
Salud mental y fuerza pública
Además, ordenó que ambas partes deberán en el área de Salud Mental del hospital más cercano para evaluar la necesidad de un tratamiento psicológico. La medida busca no solo contener a la víctima, sino también intervenir sobre el agresor. Para garantizar el cumplimiento, la jueza dio intervención al Juzgado de Familia de Cipolletti y habilitó el uso de la fuerza pública.
