Como había anticipado este medio, las negociaciones del gobierno de Javier Milei con gobernadores se fueron cocinando a fuego lento, y se comienzan a servir en la mesa concreta del reparto después de ejecutado el veto presidencial al aumento para jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en Discapacidad: este miércoles 6, se anunció oficialmente que el oficialismo está dispuesto a discutir los proyectos de reforma para el Impuesto a los Combustibles Líquidos, y la coparticipación de ATN, iniciativas que fueron impulsadas por los mandatarios provinciales y sancionadas por el Senado.
Después de negarse reiteradamente, el oficialismo de La Libertad Avanza, motivado por una coyuntura que se divide entre la negociación y la competencia electoral, decidió citar a la Comisión de Presupuesto para el miércoles 13 al mediodía, para debatir el proyecto de reparto de los fondos de ATN (que, en otros tiempos, se aplicaban discrecionalmente); y, para las 16 del mismo día, a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía, para debatir la propuesta de distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
En concreto, se ponen en la mesa las dos propuestas de las provincias para incrementar los fondos que se reciben desde Nación, profundamente menguados tras la aplicación del impiadoso ajuste aplicado por Milei al Estado.
La decisión oficialista, no obstante, no cambió la postura de los bloques opositores en Diputados. Mantienen la intención de pedir el tratamiento sobre tablas de estos proyectos, y después votar un emplazamiento para establecer que se emita dictamen, la próxima semana. Según se ha informado, se pretende aprobar los dos proyectos en una sesión a celebrarse el 20 de este mes, después del cierre de presentación de listas de diputados y senadores para las elecciones del 26 de octubre. En el mismo encuentro, se buscará lograr los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.
El proyecto que propone reformar la distribución del Impuesto a los Combustibles, aprobado por el Senado, implica repartir esa recaudación en 14,29 por ciento para el Tesoro Nacional, 52,02 por ciento para las provincias, y 28,69 por ciento para el Sistema Único de Seguridad Social. Se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado, el Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, y el Nacional de Vivienda.