En medio de la creciente tensión oficialista en el Congreso, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, abrió un nuevo foco de conflicto interno al buscar apropiarse de los despachos que dejarán los senadores cuyos mandatos finalizan en diciembre próximo, tras las elecciones de medio término.
Esta medida implica una ruptura con las costumbres que se mantenían desde hace años, donde los espacios físicos y mobiliarios asignados a los legisladores solían ser gestionados sin mayores interferencias por las bancadas, que a menudo delegaban en referentes o legisladores amigos para administrar esos recursos.
Qué dice el decreto que genera controversia
El decreto presidencial 488/25, aún no publicado oficialmente en la web del Senado, autorizó a la Dirección General de Administración a realizar un "relevamiento de oficinas actualmente asignados a los senadores, bloques políticos y asesores tanto en el Palacio Legislativo como en los distintos edificios anexos". Esta acción cuenta con el respaldo explícito de Villarruel, quien meses atrás había retirado las facultades a la secretaría administrativa de la Cámara alta, generando un vacío en la gestión de la caja y las decisiones administrativas.
La normativa establece que "los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia del H. Senado de la Nación y/o a la autoridad que esta designe, los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato".
Esta decisión, aunque corresponde a las atribuciones de Villarruel como titular del Senado, rompe con los denominados “usos y costumbres” y genera incertidumbre sobre quiénes podrán acceder a estos espacios y mobiliarios, tradicionalmente considerados como “trofeos de guerra” políticos.
Un antecedente de esta dinámica se dio al inicio de la gestión de Villarruel, cuando el senador santacruceño José María Carambia fue asignado a un despacho cercano a la vicepresidenta, en una maniobra que evidenciaba el interés por controlar estos espacios.
En cuanto a los lugares físicos, el objetivo es apropiarse principalmente de los despachos ubicados en el edificio central del Congreso, donde funcionan las cámaras de Diputados y Senado, mientras que los espacios en anexos, considerados secundarios, quedan en un segundo plano. En estos últimos, se reportan condiciones precarias, como malos olores y falta de productos básicos de higiene, contrastando con la mejor mantención del edificio principal.
Frente a esta situación, varios legisladores esperan poder heredar un despacho en mejores condiciones, aunque la medida de Villarruel también alcanza a quienes la critican duramente dentro de la Cámara alta.
Finalmente, esta disputa podría escalar si la controversia llega al recinto, lo que generaría un escenario de confrontación pública entre la vicepresidenta y los senadores afectados por esta nueva reglamentación.
