El juez Julián Ercolini comenzó a tramitar la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación tras la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y notificó al fiscal Carlos Stornelli para que decida si corresponde abrir una investigación por espionaje ilegal.
La denuncia, presentada el lunes, sostiene que los registros fueron editados y difundidos clandestinamente con fines políticos, justo antes de las elecciones legislativas, y podrían haberse realizado dentro de la Casa Rosada. El Gobierno pidió medidas cautelares para prohibir nuevas publicaciones y solicitó allanamientos y peritajes digitales para analizar origen, edición, metadatos y cadena de custodia de los audios.
El Ejecutivo afirma que la difusión buscó influir en la opinión pública, desestabilizar indicadores económicos y afectar el proceso electoral. Además, vincula el caso a un contexto internacional de operaciones de desinformación y redes de espionaje en otros países.
Stornelli aclaró que no se investigarán las fuentes periodísticas, amparadas por el artículo 43 de la Constitución, y que cualquier colaboración será voluntaria. La denuncia resalta que la manipulación de los audios violaría la Ley de Inteligencia Nacional y advirtió que cualquier nueva difusión se considerará prolongación del delito inicial.
Según el Gobierno, la intervención judicial es clave para proteger la transparencia del proceso electoral y la soberanía popular.
