El reciente anuncio del gobierno nacional sobre la suspensión de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar US$7.000 millones en declaraciones juradas de exportación, generó un fuerte rechazo de sectores de la oposición, que cuestionan la medida por su carácter transitorio y los riesgos para la soberanía económica. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en medio de una tensión cambiaria que llevó al dólar oficial a $1.515 y provocó pérdidas de más de US$1.100 millones en las reservas del Banco Central.
El Gobierno estadounidense manifestó su disposición a “hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, lo que abrió la puerta a un posible respaldo financiero al Banco Central. La noticia impulsó la suba de los bonos soberanos argentinos hasta el 11%, aunque desde la oposición lo interpretan como una señal de dependencia externa.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la medida y advirtió: “Si va a ir a Estados Unidos, estaría bueno que el presidente Javier Milei le pregunte a Trump si hay que proteger la industria nacional. Milei no para de abrir las importaciones y de regular determinados sectores, lo que ha generado pérdida de empleo”. Por su parte, el diputado nacional Germán Martínez (Frente de Todos) sostuvo que la necesidad de financiamiento desde EE.UU. es “la demostración del fracaso del plan económico de Milei y Caputo”.
Desde Fuerza Patria, el diputado Itai Hagman calificó los anuncios oficiales como “inmorales, contradictorios e ilegales” y criticó la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, señalando que el Gobierno prioriza el dólar del agro sobre la atención a personas con discapacidad. En la misma línea, Jimena López, candidata a diputada por Fuerza Patria (Frente Renovador), afirmó que “quemaron 100 mil millones de dólares en blanqueo, dos cosechas récord, gasoducto y FMI, mientras jubilados y personas con discapacidad no recibieron nada”.
Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Plata, cuestionó la decisión y aseguró que Milei busca “hipotecar la soberanía económica”: “No hay plata para la Emergencia en Discapacidad, pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU. y endeudar generaciones enteras”. En tanto, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, describió la medida como un “plan dólar barato hasta las próximas elecciones”, lamentando que falten recursos para universidades, hospitales y personas con discapacidad.
Otros legisladores hicieron hincapié en la transparencia y la rendición de cuentas. Natalia de la Sota, diputada por Córdoba, planteó la posibilidad de mantener las retenciones en cero después de octubre y aseguró que se trabaja para incluir un artículo en la Ley de Presupuesto 2026. Su colega, Oscar Agost Carreño, afirmó que “el Gobierno pidió un salvataje urgente a Estados Unidos” y reclamó explicaciones al ministro de Economía y al canciller sobre las negociaciones, destacando que no se trata de un acuerdo con un organismo multilateral, sino con un país extranjero.
Finalmente, Nicolás del Caño, diputado nacional de izquierda, alertó que la medida beneficia a los grandes empresarios y productores agropecuarios: “Gobiernan para los millonarios”. Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica ARI, también cuestionó la iniciativa, comparándola con un “plan platita” y advirtiendo que se trata de un endeudamiento que prioriza el consumo inmediato antes de las elecciones del 26 de octubre.
