Uno de los focos más sensibles es el Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de alta complejidad del país. El veto presidencial a la ley de emergencia sanitaria en pediatría, aprobada por amplia mayoría, encendió las alarmas entre trabajadores y organizaciones sociales.
La norma contemplaba la recomposición salarial, la asignación prioritaria de recursos y la derogación de resoluciones que afectaban el esquema de becas. La oposición buscará revertir el veto en Diputados, mientras gremios y organizaciones convocan a movilizaciones con el Garrahan como epicentro de la protesta.
Los trabajadores del hospital, agrupados en la Junta Interna de ATE, lanzaron una campaña para visibilizar que sus salarios no alcanzan la línea de pobreza, a pesar de cumplir funciones de alta exigencia técnica y emocional.
Según un vocero gremial, “lo que acá se considera cuidado intermedio y moderado, en cualquier otra institución se asemeja a una terapia intensiva. Es un trabajo mucho más intenso, con procedimientos más complejos y más esfuerzo”.
En agosto de 2025, una enfermera del Garrahan con 35 horas semanales en áreas de cuidados intermedios y moderados percibió un sueldo neto de $943.111,10, con un bruto de $1.114.940,46 y deducciones por $171.829,36.
Por su parte, un enfermero técnico nivel A-4 de la Dirección Asociada de Enfermería recibió un neto de $996.925,68, con un bruto de $1.219.384,24 y deducciones por $222.445,56. Según los gremialistas, las jornadas deberían ser de seis horas para alcanzar la línea de pobreza, pero en la práctica se cumplen siete horas, aumentando la carga laboral sin que esto se refleje en la remuneración.
El conflicto en el Garrahan expone la tensión entre las políticas presupuestarias del Gobierno y la realidad salarial de los trabajadores de la salud, mientras la sociedad observa de cerca el impacto de estas decisiones en uno de los centros pediátricos más importantes del país.
