El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido para que el juez federal, Alejandro Patricio Maraniello, sea removido de su cargo, tras el fallo que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.
Según la entidad, la decisión judicial genera un “bozal legal” con un efecto intimidante sobre la prensa y la ciudadanía, y constituye, a su juicio, un acto de “manifiesta arbitrariedad”. Señalan que la medida se basó en una mera especulación sobre posibles repercusiones, pese a que Maraniello admitió desconocer el contenido de las grabaciones.
“El fallo no es un simple error jurídico, sino una grave desviación de los deberes de un magistrado, atacando la labor de periodistas y socavando la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”, sostuvieron desde el Observatorio.
El pasado 1 de septiembre, Maraniello dictó una medida cautelar que impide a medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas difundir los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada y atribuidos a Milei. En su fallo, el juez señaló:
“Decretase la medida cautelar ordenando, solamente, el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
La sentencia responde a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que había señalado una supuesta “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral mediante la difusión de los audios.
Según el Gobierno, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de grabaciones y su difusión con fines políticos, con la agravante de que podrían haberse realizado dentro de la propia Casa Rosada. La denuncia también asegura que estas acciones constituyen una violación de la Ley 25.520, que prohíbe operaciones de inteligencia no institucionales, y buscan alterar la opinión pública y vulnerar las reglas democráticas.
