Este jueves, el Senado argentino tiene previsto tratar una reforma clave a la Ley de Glaciares, un proyecto que genera fuertes divisiones entre los gobernadores mineros y una votación incierta en el Congreso.
La iniciativa propone redefinir la protección del ambiente periglaciar, acotando las zonas protegidas para habilitar una mayor actividad minera. Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, que son fundamentales para la regulación hídrica. El cambio más significativo sería limitar esta protección automática y dar lugar a evaluaciones caso por caso, delegando la decisión en las provincias.
Este proyecto fue diseñado en conjunto con los gobernadores de Catamarca, Salta, San Juan y Chubut, quienes buscan mayor autonomía para atraer inversiones extractivas. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó que la reforma brinda “previsibilidad, reglas claras y respeto por la autonomía provincial sobre nuestros recursos”.
Orrego subrayó la importancia de la votación para su provincia y advirtió que “cada legislador deberá decidir si está del lado del trabajo y la inversión o del lado de la incertidumbre”. Sobre los diputados de su bloque, afirmó que “van a votar a favor de la ley” y que defenderán a San Juan “sin especulaciones y sin ambigüedades”.
Por otro lado, el peronismo mantiene una postura dividida. Mientras algunas voces expresan rechazo a la reforma, otras no descartan apoyar el proyecto, lo que complica la definición del número de votos necesarios para su aprobación.
Lo que requiere la Ley para ser aprobada
La ley requiere al menos 37 votos para ser aprobada. Entre quienes podrían dar su aval, pero aún no tienen definida su postura, están Alejandra Vigo y Mauricio “Camau” Espínola, legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Según fuentes oficiales, las dudas sobre el texto final persisten a último momento.
Por el contrario, legisladores de provincias mineras como Chubut, Salta y Catamarca manifiestan su respaldo. La senadora Flavia Royón, delegada del gobernador de Salta, defendió la reforma señalando que busca “proteger el agua” y delimitar “en qué lugares no se puede hacer actividad”.
Actualmente, la ley prohíbe actividades mineras y de hidrocarburos en glaciares y zonas periglaciares. La reforma pretende flexibilizar estas restricciones para promover inversiones, lo que genera un intenso debate ambiental y político.
En paralelo, el oficialismo negocia contrarreloj para asegurar una mayoría que le permita avanzar no solo con esta ley, sino también con otros proyectos clave, como el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que también será tratado en la sesión.
La fragmentación del peronismo en el Senado ha fortalecido al bloque oficialista y a los gobernadores mineros aliados, quienes han logrado posicionar a sus representantes en cargos claves de la Cámara Alta, desplazando a Unión por la Patria.
El resultado de esta votación marcará un hito en la política ambiental y minera argentina, y definirá si se prioriza la atracción de inversiones y la autonomía provincial o la protección integral de los ecosistemas glaciares y periglaciares.
