El 26 de marzo de 2026 se inició la segunda audiencia pública virtual sobre la reforma de la Ley de Glaciares, luego de una primera jornada marcada por fuertes tensiones y acusaciones de la oposición sobre restricciones al derecho de participación.
El oficialismo estableció una hoja de ruta que contempla un plenario para firmar dictamen el 31 de marzo y la sesión en el recinto prevista para el 8 de abril, con el objetivo de aprobar el proyecto. Sin embargo, esta iniciativa ya enfrenta amenazas de judicialización y una oposición firme en su rechazo.
Vanina Basso, secretaria de Ambiente de La Pampa, expresó su preocupación con un contundente mensaje: “Tenemos una memoria hídrica dolorosa. El agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Somos una provincia aguas abajo y nuestro futuro depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio”.
En contraste, el ministro de Producción de San Juan defendió la reforma y relativizó la polémica al afirmar que “la falsa dicotomía entre la minería y el uso sostenible del agua” no debería ser un obstáculo para avanzar.
Por su parte, Marta Maffei, exdiputada y autora de la Ley 26.639 original, rechazó la modificación propuesta, señalando que se trata de “una norma construida con consenso científico, tras un año de trabajo con académicos, instituciones y comunidades que muchas veces quedan afuera”.
Más de 190 representantes participaron en la audiencia, exponiendo tanto a favor como en contra del proyecto, aunque la mayoría manifestó su oposición. Además, se cuestionó la falta de transparencia en la publicación de la lista de oradores, lo que generó descontento y denuncias.
La oposición, encabezada por Maximiliano Ferraro, presentó una impugnación por presunto incumplimiento del reglamento y “graves irregularidades” en el procedimiento. Sabrina Selva denunció que “se cercenó la participación de manera arbitraria” y criticó los cambios en las condiciones de intervención que, según ella, limitaron la participación ciudadana efectiva.
El abogado Enrique Viale anticipó que presentará una denuncia penal contra la senadora Flavia Royón por presunta incompatibilidad, mientras que en las inmediaciones del Congreso se llevó a cabo una movilización crítica pese al fuerte operativo policial.
En defensa del proceso, desde La Libertad Avanza aseguraron que se notificó a todos los inscriptos y que el formato virtual busca garantizar orden y comodidad en las exposiciones.
La segunda audiencia virtual se desarrolla en un clima de controversia y advertencias legales, con diputados y ambientalistas anticipando que, en caso de aprobarse la reforma, la batalla continuará en los tribunales. Mientras tanto, organizaciones y dirigentes ya organizan nuevas movilizaciones y medidas de presión para mantener la atención pública sobre el tema.
