El Banco Central abrió una investigación interna para determinar la posible responsabilidad de funcionarios del organismo en presuntas maniobras irregulares con el dólar oficial, en una causa que ya es investigada por la Justicia federal y que apunta a hechos ocurridos entre 2022 y 2023.
La decisión se tomó luego de la difusión de audios incorporados a un expediente judicial, donde se mencionan supuestos vínculos entre empleados del Banco Central y operaciones cambiarias bajo sospecha. La causa está en manos del juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi.
Según informaron desde la autoridad monetaria, el procedimiento interno busca establecer si cinco funcionarios del organismo incurrieron en violaciones al Código de Ética del BCRA o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Desde el Banco Central aclararon que no tienen facultades para juzgar penalmente a sus empleados, pero sí para evaluar su conducta administrativa cuando existen indicios de irregularidades.
La investigación interna se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas y testimonios, y podría derivar en sanciones como suspensiones o despidos, aunque desde la entidad remarcaron que cualquier incumplimiento deberá estar debidamente probado. Por el momento, el principal elemento con el que cuenta el organismo son los audios que circularon públicamente, aunque aseguran que todavía no está del todo claro el alcance de lo que investiga la Justicia.
En el marco de la causa, el 29 de diciembre la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de los cinco empleados involucrados y solicitó documentación al Banco Central. Durante esos operativos, el juzgado dispuso el bloqueo de las claves de acceso a los sistemas internos del organismo, una medida que luego fue levantada a comienzos de enero. Los funcionarios continúan actualmente en funciones.
Desde el BCRA señalaron que la causa judicial se apoya, entre otros elementos, en sumarios impulsados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias durante la actual gestión, que asumió en diciembre de 2023. Además, aseguraron que el procedimiento interno alcanza a todos los empleados mencionados en el expediente y que las decisiones se tomarán a medida que la evidencia se fortalezca.
El origen de los audios que dispararon la polémica proviene del aporte de un arrepentido en una causa por compra irregular de dólares, que investiga presuntas maniobras realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese expediente también se analizan posibles vínculos entre directivos del Banco Central y un financista, en una operatoria conocida como “rulo” financiero, que consiste en comprar dólares a un valor y venderlos luego a un precio mucho más alto.
En paralelo, el Banco Central solicitó en dos oportunidades acceder al expediente que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. El primer pedido fue realizado a fines de noviembre de 2025 y el segundo a comienzos de enero de este año, tras los allanamientos. Ante esta situación, el organismo sostuvo que aún no cuenta con información precisa sobre los hechos investigados ni sobre eventuales imputaciones.
La entidad también informó que la causa penal se originó a partir de reportes elevados por el propio Banco Central a la Unidad de Información Financiera (UIF), vinculados a posibles irregularidades cambiarias y maniobras de lavado de dinero detectadas entre 2022 y 2023. Además, solicitó acceso a otra causa penal que tramita en el juzgado de la jueza María Servini, aunque tampoco tuvo aún vista del expediente.
Mientras avanza la investigación judicial, el Banco Central ratificó que continuará colaborando con la Justicia y que el proceso interno seguirá su curso para determinar si existieron faltas graves en el desempeño de sus funcionarios.
