En medio de la polémica que atraviesa al INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno avanzará en la creación de un nuevo sistema para medir la inflación, basado en una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales en los hábitos de consumo de la población.
La decisión llega luego de postergar la aplicación de la metodología que se había trabajado durante la gestión del ex titular del organismo, Marco Lavagna, quien había impulsado una actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18. Para Caputo, esa base de datos ya quedó desfasada frente a la realidad económica y social actual.
Desde 2017, el IPC se construye a partir de una canasta que pondera los consumos de los hogares según la encuesta 2004/05. El esquema que estaba listo para aplicarse tomaba como referencia la ENGHo 2017/18, pero el ministro remarcó que entre 2018 y hoy ocurrieron cambios profundos, como la pandemia, que alteraron de forma significativa la manera en que las familias gastan su dinero.
En ese sentido, Caputo explicó que actualizar el índice con información que ya no representa el presente no tiene sentido y sostuvo que lo más razonable es terminar el proceso de desinflación con la metodología vigente y, en paralelo, avanzar en una nueva encuesta que capture los patrones de consumo actuales. “Si vamos a actualizar, tiene que ser con datos verdaderamente nuevos”, remarcó.
El ministro también aclaró que ni él ni el presidente Javier Milei estaban de acuerdo con modificar el índice en este momento, y defendió la necesidad de mantener comparaciones consistentes en el tiempo. Bajo esa lógica, el Gobierno resolvió aplazar la puesta en marcha del nuevo IPC, que estaba prevista para el próximo martes 10 de febrero.
Según explicó Caputo, la decisión apunta a evitar especulaciones en un contexto donde el Ejecutivo confía en que la inflación seguirá bajando. Por eso, el índice actual continuará utilizándose hasta que el proceso de desinflación esté consolidado.
En la práctica, la metodología que quedó en suspenso proponía dar mayor peso a los servicios dentro de la canasta, con un aumento en la incidencia de rubros como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones. Al mismo tiempo, otros ítems como alimentos, bebidas, indumentaria y calzado reducían su participación en el cálculo final del IPC.
