La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la decisión del Gobierno de postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y advirtió que, si el proyecto avanza sin consensos amplios, podría terminar judicializado. Desde la central obrera consideraron la postergación como un “gran triunfo táctico” de los trabajadores, producto de la presión sindical y de un trabajo político previo con distintos sectores.
Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, afirmó que la reforma impulsada por el oficialismo presenta posibles violaciones a principios constitucionales, lo que abriría la puerta a futuros conflictos judiciales. “Van a tener muchos problemas si avanzan así”, advirtió, y sostuvo que el freno al debate en la Cámara alta responde también a la falta de votos suficientes para aprobarla en su versión original.
El dirigente vinculó directamente la decisión del Gobierno con la movilización sindical de la semana pasada, pero remarcó que ese escenario fue precedido por gestiones silenciosas con gobernadores, senadores y diputados de distintos espacios políticos para explicar el impacto que tendría la reforma. En ese marco, aseguró que varios legisladores manifestaron disidencias parciales o totales y que el oficialismo tomó nota de que no contaba con los números necesarios.
Desde el Ejecutivo confirmaron que la reforma laboral se tratará recién en febrero, pese a que el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión. La explicación oficial fue la necesidad de priorizar el Presupuesto 2026 y analizar cambios propuestos por aliados y otros bloques. La senadora Patricia Bullrich sostuvo que los apoyos están garantizados y que la postergación busca incorporar modificaciones al texto.
La CGT reclamó que el Gobierno amplíe el diálogo y convoque a todos los sectores involucrados, más allá del sindicalismo. Si bien Sola aclaró que la central mantiene una mirada propositiva sobre algunos aspectos de la modernización laboral, advirtió que tal como está planteada, la reforma no mejorará la situación de los trabajadores.
El dirigente sindical enmarcó su postura en un diagnóstico crítico de la situación económica y social, al señalar que en los últimos dos años cerraron más de 18.000 pymes y se perdieron alrededor de 200.000 empleos formales. Según afirmó, los cambios en las reglas laborales no generan empleo por sí solos y el foco debería estar en la inversión productiva y en una revisión del esquema impositivo.
Sola también cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones, al advertir que afecta a sectores como el textil, el cerámico y el del juguete, y remarcó que el ajuste fiscal del Gobierno tiene un fuerte costo social, con impacto en jubilados, personas con discapacidad y trabajadores informales.
De cara a los próximos meses, la CGT anticipó que profundizará el diálogo con senadores de distintos bloques dispuestos a revisar el proyecto. Sin embargo, dejó una advertencia clara: si no se habilita una instancia real de consenso, el conflicto podría volver a trasladarse a la calle.
