Este martes se llevó a cabo una reformulación de los cargos contra una empleada del Registro Civil, acusada de cobrar indebidamente a una pareja para la realización de un casamiento y de falsificar el acta matrimonial correspondiente.
El asistente letrado Facundo Bernat aclaró que, aunque se mantuvieron los hechos y los delitos inicialmente atribuidos, la acusación fue modificada para incluir agravantes y nuevas implicancias económicas derivadas de la conducta de la imputada.
La fiscalía ratificó la acusación de cobro ilegal relacionado con el evento ocurrido el 6 de enero de 2025. Según se detalló, la empleada pública habría solicitado a la pareja un pago de $90 mil, argumentando que el sellado abonado no correspondía al trámite matrimonial. La suma, de acuerdo con la investigación, fue transferida a una cuenta personal de la acusada.
En cuanto al segundo cargo, Bernat explicó que la acusada incurrió en falsedad ideológica agravada, al confeccionar el acta matrimonial sin cumplir con los requisitos legales establecidos. En su función de oficial pública, omitió consignar que la ceremonia se había llevado a cabo a domicilio y también dejó de registrar a los testigos necesarios.
Además, estas irregularidades no solo constituyen falsedad documental, sino que provocaron un perjuicio económico al Estado, al evitarse el pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio. Los contrayentes, como consecuencia de este error, tuvieron que rectificar la documentación.
El asistente letrado detalló que la acusada está imputada por exacciones ilegales agravadas —por haber convertido en propio el beneficio del ilícito— y falsedad ideológica agravada, debido a que la acción fue realizada por una funcionaria pública. Los delitos fueron encuadrados en concurso real y bajo la figura de autora.
Por último, Bernat solicitó una extensión del plazo de la investigación por tres meses, petición que fue aceptada por el juez de garantías Juan Guaita, quien también aprobó la reformulación de los cargos en contra de la imputada.
Este avance en el proceso judicial pone de relieve la gravedad de los cargos y la importancia de continuar con una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia en las gestiones públicas y la correcta administración de los fondos del Estado.
