El Registro Nacional de Armas (RENAR) avanzará con la trituración y fundición de 10.995 materiales controlados, entre ellos armas de fuego, en el marco de una decisión oficial orientada a reducir la circulación de estos elementos. La medida fue dispuesta por el director ejecutivo del organismo, Juan Pablo Allan, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Según establece la Resolución 52/2025, el proceso se realizará bajo lo dispuesto en la Ley 25.938, que regula el destino final de armas y materiales controlados secuestrados o incautados en causas judiciales o administrativas. La normativa indica que, una vez concluido el trámite correspondiente o cuando el estado del expediente lo permita, los materiales deben ser enviados al RENAR para su depósito definitivo y posterior destrucción.
La ley también señala que, cuando exista una sentencia judicial o resolución administrativa firme que disponga el decomiso, se debe proceder a la destrucción del material, utilizando los métodos y lugares definidos por el RENAR, con intervención de la Secretaría de Seguridad Interior.
En ese sentido, desde el organismo remarcaron que el procedimiento deberá garantizar eficacia, eficiencia y sustentabilidad ambiental, tal como lo establece la normativa vigente. El método autorizado incluye dos etapas obligatorias: la trituración y la fundición, lo que asegura la eliminación total e irreversible de las armas y elementos involucrados.
El mecanismo de destrucción se encuentra regulado por la Resolución 2020/75, que fija los pasos técnicos para la eliminación segura de armas de fuego y otros materiales controlados, evitando su reutilización o reingreso al circuito ilegal.
No obstante, la resolución aclara que se reservarán 383 armas de fuego, debido a que cuentan con pedido de secuestro vigente, y otros 1.104 materiales controlados, que serán incorporados a un futuro proceso de destrucción, una vez que se resuelva su situación judicial.
La iniciativa se enmarca en las políticas de control, trazabilidad y reducción de armas en el país, con el objetivo de reforzar la seguridad pública y limitar el acceso a materiales potencialmente peligrosos.
