Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años, fue detenida este viernes en una comisaría de Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos racistas hacia un grupo de brasileños en un bar de Ipanema el 14 de enero pasado. La joven, oriunda de Santiago del Estero, había sido previamente notificada de la orden judicial y, durante una declaración reciente, expresó sentirse "muerta de miedo" ante la posibilidad de ser arrestada.
La abogada fue retenida en Brasil después de que las autoridades le confiscaran el pasaporte y le colocaran una tobillera electrónica. Además, enfrenta cargos que podrían implicar una condena de entre dos y cinco años de prisión. En un video publicado días antes de su detención, Páez manifestó su temor por las implicancias del proceso judicial, asegurando que temía que sus derechos fueran vulnerados y que la información relevante del caso no fuera considerada para su defensa.
El contexto Judicial y la decisión del Tribunal
El 37° Juzgado Penal de Río de Janeiro había emitido la orden de detención tras considerar que las medidas cautelares impuestas a la joven, como la vigilancia electrónica, no eran suficientes para contrarrestar el "peligro procesal" que representaba su situación. La Fiscalía, por su parte, argumentó que la actitud de la abogada argentina, incluso después de haber sido advertida por varias autoridades sobre la ilegalidad de sus acciones, evidenciaba un comportamiento persistente en los delitos raciales.
"Su conducta refuerza la necesidad de prisión preventiva", sostuvo la fiscalía, destacando que, a pesar de las advertencias, Páez continuó con los gestos racistas, extendiendo su actitud hacia el espacio público. El caso ha generado una gran atención tanto en Brasil como en Argentina, debido a las acusaciones de discriminación racial y a las implicancias legales internacionales que enfrenta la joven abogada.
Durante los días previos a su detención, Agostina Páez había declarado sentirse desbordada por la situación. "Necesito ayuda", expresó, aclarando que no podía hacer comentarios sobre los hechos en cuestión, pero asegurando que había un contexto en la causa que, según su perspectiva, no estaba siendo tomado en cuenta para esclarecer los hechos de manera justa. "Espero que todo se aclare", añadió, con la esperanza de que la verdad detrás de la acusación se esclarezca durante el proceso judicial.
El caso puso sobre la mesa el debate sobre las implicancias legales de los gestos racistas y la responsabilidad de las personas en cuanto a la expresión pública de conductas discriminatorias. Las autoridades brasileñas insistieron en que estos actos no pueden ser minimizados y que la ley debe actuar con firmeza frente a cualquier tipo de discriminación racial.
Próximos pasos judiciales
El proceso judicial continuará en Brasil, con la abogada enfrentando una investigación que podría tener un impacto importante no solo en su futuro personal y profesional, sino también en el debate sobre las políticas de tolerancia y respeto en la región. A medida que se desarrollen los detalles del caso, la atención pública estará centrada en el desenlace de este proceso legal, que involucra una joven profesional, la legislación brasileña y la delicada cuestión del racismo en la sociedad actual.
Por el momento, fue trasladada a una comisaria de Río de Janeiro, en donde espera que se habilite un lugar dentro del Complejo Penitenciario de Bangu, a donde será reinstalada.
