El Gobierno nacional decidió judicializar el conflicto con los controladores de tránsito aéreo y presentó una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en el marco de las medidas de fuerza que vienen afectando el normal funcionamiento del sistema aéreo en todo el país.
La presentación fue realizada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Desde la empresa estatal señalaron que la colocación de banderas y cartelería gremial en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza habría comprometido la seguridad operacional. Según la denuncia, el desprendimiento de esos elementos podría provocar su ingesta por las turbinas de las aeronaves, generando un riesgo grave para la vida de los pasajeros y la integridad de los aviones.
EANA también sostuvo que la presencia de estos objetos interfiere con la visibilidad y la concentración necesarias para las tareas de control y guía aérea, especialmente en las terminales con mayor tráfico del país.
En ese marco, la compañía subrayó que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea, y que la denuncia busca resguardar la operatividad del sistema y la seguridad de los usuarios.
Las medidas impulsadas por ATEPSA ya provocaron demoras y cancelaciones masivas de vuelos, con impacto en Aeroparque, Ezeiza y aeropuertos del interior. De acuerdo con estimaciones oficiales, más de 40.000 pasajeros se verían afectados tras la primera jornada de paro y la continuidad del plan de lucha.
Aerolíneas Argentinas proyectó que más de 60 vuelos se verán comprometidos solo en la jornada de hoy, mientras que Flybondi debió realizar ajustes preventivos en su programación para reducir el impacto en sus pasajeros.
Pese a la denuncia, el sindicato ratificó la continuidad de las medidas de fuerza para los días 23, 27 y 29 de diciembre, que afectarán tanto vuelos de cabotaje como internacionales en horarios clave de la temporada de verano.
Desde ATEPSA defendieron la legitimidad del reclamo y señalaron que el conflicto se origina en incumplimientos del convenio colectivo, despidos recientes, la falta de diálogo y la pérdida del poder adquisitivo del sector.
El caso abre ahora una instancia judicial clave, en la que el juez Rafecas deberá determinar si las acciones gremiales denunciadas constituyen un delito contra la seguridad pública o si se encuadran dentro del ejercicio legítimo de la actividad sindical. Mientras tanto, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre del año permanece sujeta a la evolución del conflicto.
