En una tensa madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), un cargo clave en el control del Estado. La terna fue conformada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti (Innovación Federal), y recibió 186 votos a favor y dos abstenciones. Los dos primeros designados prestaron juramento en el acto, mientras que Calletti no participó de la ceremonia.
Sin embargo, la rapidez con que se aprobó la terna, junto a la acusación de que la votación no estaba incluida en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, desató una fuerte polémica. Los bloques de Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo había acelerado el proceso para “devolver favores”, calificando de ilegal el procedimiento y rechazando la forma en que se llevó a cabo.
“Lo que vimos fue un acto de ‘casta’. Nos parece bochornoso”, expresó Myriam Bregman, jefa del bloque del Frente de Izquierda. Mientras tanto, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, afirmó que el nombramiento a las 3 de la madrugada era una muestra más de cómo se “sigue manejando la política en este país”, y anunció la retirada de su bancada.
El PRO y la denuncia por violación constitucional
El bloque de diputados del PRO fue más allá y denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” por parte del oficialismo, al haber tratado el tema fuera del temario aprobado por el Poder Ejecutivo. Según su interpretación, el artículo 63 de la Constitución establece que durante las sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede abordar los temas incluidos en la convocatoria oficial. En ese marco, la designación de las autoridades de la AGN no debía haberse tratado en ese contexto.
“La designación de auditores generales no es competencia de este pleno, reunido en sesiones extraordinarias, porque no estaba en el temario del Poder Ejecutivo”, afirmó Cristian Ritondo, líder del PRO en Diputados. La bancada también resaltó que la AGN es un órgano constitucional de control, y su integración no debería ser tratada de forma administrativa o ajena a los procedimientos establecidos.
Acciones judiciales en puerta
En su denuncia, el PRO subrayó que el procedimiento vulneraba la legalidad y anticipó que iniciará acciones judiciales para impugnar la designación y restablecer el orden constitucional. En un comunicado oficial, la bancada explicó que, aunque había acompañado al Gobierno en momentos difíciles, las instituciones deben funcionar conforme a la Constitución, y no por el poder de una mayoría circunstancial.
“El cambio que reclaman millones de argentinos debe hacerse con la Constitución en la mano”, añadieron los diputados del PRO, reiterando su rechazo a la forma en que el oficialismo había llevado adelante el proceso.
Por su parte, el oficialismo defendió la decisión, argumentando que el nombramiento de los nuevos auditores generales no representa un incumplimiento de los procedimientos constitucionales. Sin embargo, las críticas se mantuvieron firmes, y la polarización política en torno al tema promete seguir siendo un punto de fricción entre los principales bloques del Congreso.
Un tema clave: el control del Estado
La Auditoría General de la Nación tiene la responsabilidad de controlar los actos del Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado, lo que la convierte en una de las entidades clave para garantizar la transparencia en la administración pública. El cuestionamiento a su designación en medio de la controversia resalta la importancia de los mecanismos de control y de los procedimientos legislativos en un momento de tensión política.
El desenlace de este conflicto podría tener implicancias no solo para la relación entre los bloques, sino también para la credibilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos en Argentina.
