El Gobierno nacional analiza enviar al Congreso la adhesión argentina a la alianza de seguridad regional impulsada por Estados Unidos, un acuerdo que el presidente Javier Milei firmó durante una cumbre realizada el sábado pasado en Miami junto al mandatario estadounidense Donald Trump.
En la Casa Rosada aseguran que la iniciativa aún está bajo revisión jurídica. Fuentes oficiales reconocen que algunos aspectos del acuerdo —conocido como “Escudo de las Américas”— podrían requerir aprobación legislativa para su plena implementación en el país.
El pacto fue presentado como una coalición regional de seguridad destinada a coordinar acciones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional y lo que Washington define como amenazas externas en el hemisferio occidental. La propuesta se anunció en el marco de la cumbre realizada en Miami, que reunió a representantes de distintos países del continente.
La adhesión argentina no comenzó en esa reunión, sino que tuvo un antecedente reciente en Estados Unidos. Semanas antes, el ministro de Defensa Carlos Presti había firmado una declaración conjunta en la sede del United States Southern Command, en Doral, Florida, durante una conferencia regional de defensa. Dentro del oficialismo interpretaron ese gesto como un primer paso político hacia la integración de Argentina en la coalición.
Sin embargo, la proclamación firmada por Trump el 7 de marzo abrió interrogantes dentro del propio Gobierno. El documento establece que Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países aliados con el objetivo de desarticular carteles del narcotráfico, un punto que encendió alertas sobre el marco legal que debería regir la participación argentina.
En el oficialismo consideran que cualquier esquema que implique cooperación operativa entre fuerzas militares o despliegues conjuntos debe contar con respaldo del Congreso. La mirada está puesta especialmente en el artículo 75 de la Constitución, que establece que el Parlamento es el encargado de autorizar la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales al exterior, además de aprobar los tratados y acuerdos internacionales.
La discusión también se inscribe en la estrategia de alineamiento internacional que impulsa la administración de Milei con Washington. En los últimos meses, ambos gobiernos intensificaron los contactos y avanzaron en acuerdos de cooperación económica, energética y de seguridad.
Mientras tanto, la posibilidad de enviar el acuerdo al Parlamento ya anticipa un debate político. Desde la oposición y entre especialistas en derecho internacional advierten que si la alianza deriva en ejercicios militares conjuntos o cooperación operativa entre fuerzas armadas, el aval legislativo será indispensable.
En la Casa Rosada sostienen que la definición aún no está tomada. Según señalan fuentes oficiales, se está evaluando el encuadre jurídico del acuerdo antes de avanzar con cualquier iniciativa legislativa.
Si finalmente el Gobierno decide enviar el proyecto, el Congreso deberá definir el alcance de la participación argentina dentro de la coalición regional y el marco legal bajo el cual se aplicará el acuerdo. En la región, Paraguay ya avanzó con la aprobación de un esquema similar, lo que suma presión para que la discusión también llegue al Parlamento argentino.
