El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que incluye una fuerte reducción de la estructura administrativa pero, según aclararon, no implicará la eliminación ni el recorte de prestaciones.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde Casa Rosada, en medio de la crisis desatada por la difusión de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo. De acuerdo con fuentes oficiales, la medida venía siendo evaluada desde hace tiempo tras la detección de graves irregularidades en el funcionamiento de la agencia.
Adorni explicó que la ANDIS, creada en 2017 como un ente descentralizado, acumuló con los años una estructura burocrática excesiva y un manejo administrativo descontrolado, amparado en la autonomía que tenía el organismo. Según detalló, esa situación derivó en prácticas incompatibles con una política pública transparente.
Entre las anomalías detectadas, el funcionario mencionó pensiones que seguían cobrándose pese al fallecimiento de los beneficiarios, otras otorgadas sin documentación respaldatoria, certificaciones médicas sin aval clínico y entidades que facturaban servicios que no se prestaban. Como ejemplo, citó el caso de una fundación que declaraba brindar apoyo escolar, pero cuyo domicilio era apenas una vivienda precaria sin servicios básicos.
En ese contexto, el Gobierno decidió que las políticas de discapacidad pasen a depender directamente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, con el objetivo de centralizar los controles y aplicar criterios sanitarios en cada decisión. Adorni aseguró que el nuevo esquema permitirá mayor trazabilidad de los expedientes, auditorías permanentes y un seguimiento más riguroso.
Además, se anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, como parte del plan de recorte administrativo.
El jefe de Gabinete fue enfático al despejar temores y remarcó que no se dará de baja ninguna pensión ni prestación vigente. “Esto no significa que se vayan a cortar beneficios. Lo repito con claridad para evitar confusiones: no se elimina ninguna prestación”, sostuvo.
Con esta decisión, el Gobierno busca reordenar el sistema de discapacidad, avanzar en controles más estrictos y desactivar lo que calificó como un esquema atravesado por irregularidades y falta de supervisión.
