El debate por la futura ley de Reforma Laboral entró en su fase decisiva y promete escalar más allá del Congreso. Mientras el Gobierno acelera los tiempos para aprobarla antes de fin de año, la CGT y la oposición ya se preparan para disputar su contenido en los tribunales. El presidente Javier Milei dejó en claro que esta iniciativa es una prioridad absoluta de su gestión y busca imponerle un trámite exprés, aun cuando el Presupuesto 2026 corre el riesgo de volver a quedar en el camino.
En la Casa Rosada admiten que las negociaciones por la ley de leyes avanzan con dificultad, sobre todo por las exigencias de los gobernadores. En ese contexto, el Presidente parece dispuesto a resignar el Presupuesto por tercer año consecutivo, pero no a ceder en su objetivo central: modificar de manera profunda el régimen laboral. Ya lo intentó al inicio de su mandato, primero con la Ley Bases y luego con el DNU 70/23, ambos frenados por la Justicia. Ahora vuelve a la carga, con un proyecto que evita hablar de “reforma” o “flexibilización” y se presenta como una actualización del mundo del trabajo.
Lo que está en juego es amplio y sensible. La iniciativa impacta sobre salarios, indemnizaciones, jornadas laborales, vacaciones, horas extras y licencias, entre otros puntos clave. Mucho contenido y poco margen de tiempo: ese es el ritmo que impone el oficialismo. El texto ingresó por el Senado, donde La Libertad Avanza confía en conseguir una media sanción antes de que termine el período de sesiones extraordinarias, a fines de diciembre.
La estrategia parlamentaria se apoya en acuerdos con sectores del PRO y en un manejo ajustado de los tiempos de debate en comisión, una metodología que recuerda prácticas de gobiernos anteriores cuando buscaban llevar proyectos urgentes al recinto. En este esquema, la senadora Patricia Bullrich aparece como una pieza central para ejecutar el plan político de Milei y presionar para que no haya obstáculos desde la vicepresidencia que preside el Senado.
Del otro lado, el peronismo, el kirchnerismo y la CGT comenzaron a coordinar una respuesta conjunta. El clima de confrontación se hizo evidente con la ausencia de dirigentes sindicales en reuniones oficiales y con la convocatoria a una movilización masiva prevista para el jueves 18, que tendrá como destinos Plaza de Mayo y el Congreso. A la protesta se sumarán las dos CTA, sectores del kirchnerismo y partidos de izquierda. El Gobierno, consciente del impacto político, busca evitar enfrentamientos y abrió canales de diálogo con los organizadores.
Mientras tanto, en el Senado ya se empiezan a definir los próximos pasos. La vicepresidenta convocó a la reunión de Labor Parlamentaria y se espera la conformación de las comisiones clave para iniciar el tratamiento. Hay decenas de pedidos para exponer que podrían estirar el debate más allá de lo que pretende la Casa Rosada, un factor con el que la oposición apuesta a ganar tiempo en medio de los feriados de fin de año.
En el corazón del oficialismo también hay tensiones. El ministro Federico Sturzenegger recibió la orden de avanzar a fondo con las reformas pendientes, pero cuidando los flancos judiciales. Esa consigna generó roces entre el ala más dura y los sectores más dialoguistas. Finalmente, se decidió excluir del proyecto el artículo que eliminaba la cuota solidaria sindical, una concesión para no romper todos los puentes con la CGT. Aun así, se mantuvieron mecanismos que dificultan el flujo de fondos hacia los gremios, una señal de que el conflicto sigue latente.
La batalla judicial ya asoma en el horizonte. La oposición espera el texto definitivo para definir su estrategia legal, mientras ya se presentaron denuncias que cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos y la competencia del Senado para tratar ciertos aspectos. A esto se sumó un duro pronunciamiento de la Asociación de Magistrados, que advirtió que los cambios propuestos en la Justicia laboral podrían afectar la independencia judicial y poner en riesgo la continuidad del fuero.
Así, el escenario se encamina a una doble disputa: política y judicial. El Gobierno apuesta a cerrar filas, conseguir los votos y sancionar la ley, aun si debe extender el tratamiento a enero o febrero. La CGT, en cambio, se prepara para resistir en la calle y en los tribunales. En el fondo, Milei sabe que el desenlace no dependerá solo del Congreso, sino también de lo que digan los jueces.
