El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volverá a ocupar un lugar central en el Congreso en las próximas semanas. El oficialismo ya anticipa que no se tratará de una discusión rápida ni sencilla y que el tema demandará un extenso recorrido legislativo, especialmente en el Senado.
El Gobierno nacional tiene previsto ampliar el temario de las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, para incluir el tratamiento de un nuevo Régimen Penal Juvenil. Con esa decisión, se reactivará en la Cámara de Diputados una discusión que quedó trunca tras el cierre del período parlamentario anterior.
Desde el oficialismo admiten que no esperan una sanción exprés y que el proyecto difícilmente se convierta en ley durante el actual período de extraordinarias. La Cámara baja podría retomar la iniciativa enviada por el presidente Javier Milei en 2024, que ya había logrado dictamen de mayoría y proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque no se descarta que el Ejecutivo opte por retirar ese texto y presentar uno nuevo.
El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo iba incluso más allá y planteaba establecer la imputabilidad desde los 13 años, con un régimen diferenciado que priorice el derecho de las víctimas pero contemple herramientas específicas para la sanción y la resocialización de los menores en conflicto con la ley.
El tratamiento parlamentario deberá comenzar prácticamente desde cero. El dictamen anterior perdió estado parlamentario y será necesario rearmar las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad para luego convocar a un nuevo plenario. En la discusión previa participaron decenas de especialistas y se unificaron más de una decena de proyectos de distintos bloques políticos.
Además de la pena de prisión, las propuestas consensuadas incluyen sanciones alternativas, como restricciones de contacto, prohibiciones de circulación, monitoreo electrónico y trabajos comunitarios, siempre bajo determinadas condiciones y con la intervención de juntas interdisciplinarias que evalúen cada caso.
Desde sectores que participaron del debate anterior insisten en que la baja de la edad de imputabilidad, por sí sola, no es una solución. Plantean la necesidad de un enfoque integral que incluya educación obligatoria, control sanitario, institutos adecuados y políticas de reinserción social. También advierten que el sistema actual, vigente desde 1980, otorga un amplio margen discrecional a los jueces y carece de garantías procesales plenas para los menores.
En los últimos días, el tema volvió a instalarse con fuerza en la agenda política tras declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que el oficialismo avanzará con la reforma del Código Penal y la baja de la edad de imputabilidad, en línea con una postura de mayor dureza frente al delito.
El debate también se vio atravesado por casos recientes de alto impacto, protagonizados por menores de edad, que reavivaron la discusión pública sobre seguridad, responsabilidad penal y el rol del Estado frente a la delincuencia juvenil. En ese contexto, todo indica que el Congreso se encamina a un largo y sensible debate, con fuertes cruces políticos y sociales.
