El Gobierno nacional promulgó este lunes 9 de marzo la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial.
Entre las modificaciones principales del proyecto aprobado en el Congreso días atrás se destaca la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la Argentina, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.
Durante el período de sesiones extraordinarias que se realizó entre el 2 y el 28 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa de forma definitiva con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un triunfo legislativo que se sumó a la reforma laboral, dos de los principales ejes de la gestión de Javier Milei.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.
Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.
Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.
