El juicio por la causa Cuadernos sumó este martes nuevos y fuertes testimonios de empresarios arrepentidos, quienes volvieron a describir un entramado de presiones, amenazas y pagos ilegales para poder acceder y sostener contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Durante la audiencia se leyeron declaraciones de distintos representantes del sector privado que reconocieron haber participado en maniobras fraudulentas y relataron situaciones de intimidación directa por parte de exfuncionarios. Uno de los testimonios más contundentes fue el de Patricio Gerbi, directivo de la empresa COARCO, quien aseguró haber sido amenazado por el exfuncionario Claudio Uberti en encuentros marcados por largas esperas y advertencias explícitas. Según su relato, Uberti le dejaba en claro que debía cumplir con ciertos pagos y llegó a intimidarlo con frases vinculadas a la posible quiebra de la empresa y amenazas personales.
Gerbi explicó que, ante ese clima de presión, su compañía y otras firmas accedieron a realizar entregas periódicas de dinero, que oscilaban entre 15.000 y 25.000 dólares, varias veces al año. También describió cómo se manejaban los pagos de la obra pública, señalando que desde Vialidad Nacional se definía qué empresas cobraban y cuáles quedaban relegadas, en base a listados que provenían del entorno del entonces secretario de Obras Públicas, José López.
En la misma audiencia se leyó la declaración del fallecido empresario José Chediack, quien contó que en un primer encuentro con Julio De Vido recibió un mensaje directo: para seguir trabajando debía pagar. Según su testimonio, las entregas de dinero comenzaron de manera mensual y se realizaban tanto en el domicilio del exministro como en dependencias oficiales.
Con el correr de los años, el sistema cambió y Ernesto Clarens se presentó ante los empresarios como el encargado de centralizar los pagos, identificándose como financista del kirchnerismo. A partir de ese momento, las exigencias se volvieron más explícitas y las presiones aumentaron cuando los pagos se demoraban. Chediack terminó realizando aportes varias veces por año hasta 2015, según consta en el expediente.
Estos hechos fueron ratificados por Eduardo Kennel, exgerente de la empresa de Chediack, quien confirmó reuniones con Clarens para entregarle documentación vinculada a certificados de obra impagos. Además, el testimonio del propio Clarens permitió reforzar la acusación contra José López, señalado por la fiscalía como uno de los principales recaudadores del sistema de corrupción en la obra pública.
La acusación también alcanzó al empresario Ángelo Calcaterra, a quien se le atribuyen pagos de sobornos a funcionarios nacionales en 2009, canalizados a través de Clarens, por una suma superior a los tres millones de pesos de la época.
El juicio continuará este jueves por la mañana, cuando se retomará la lectura de nuevas declaraciones de empresarios arrepentidos que buscan aportar detalles clave sobre el funcionamiento del esquema investigado.
