La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero por el disparo que dejó gravemente herido al fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso. El máximo tribunal penal declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa y dejó firme la acusación.
La decisión fue adoptada por la Sala II, que concluyó que en el caso ya existía doble conformidad judicial y que la defensa no logró demostrar la existencia de una cuestión federal que habilitara una instancia extraordinaria. De esta manera, quedó ratificado el procesamiento por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función, en concurso real con abuso de armas agravado, reiterado en cinco oportunidades.
El hecho investigado ocurrió el 12 de marzo de 2025 durante una marcha en defensa de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la reconstrucción judicial, el efectivo se encontraba junto a un camión hidrante en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís cuando efectuó varios disparos con una pistola lanzagases.
De acuerdo con las pericias balísticas y el análisis de registros audiovisuales, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Grillo a las 17:18, cuando el reportero gráfico se encontraba a unos 50 metros, en posición de cuclillas, tomando fotografías. Los estudios técnicos determinaron que el disparo se realizó con una trayectoria casi horizontal y no en parábola, como establecen los protocolos de uso.
El impacto provocó fractura expuesta de cráneo y graves lesiones cerebrales, lo que obligó a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluida una craneoplastía bilateral. Tras varios meses de internación y rehabilitación, Grillo recibió el alta médica y regresó a su domicilio en Lanús, aunque continúa con secuelas neurológicas y motoras que requieren tratamiento permanente.
En paralelo, el propio fotógrafo logró presentarse como querellante en la causa en calidad de víctima directa, ampliando así su participación en el proceso judicial que también alcanza a otros integrantes de la fuerza y autoridades bajo investigación.
Con esta resolución, la Cámara de Casación dejó firme el avance del expediente y consolidó la imputación contra el efectivo, en un caso que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas.
