La Justicia rionegrina formalizó esta mañana la investigación contra siete personas acusadas de haber realizado una cirugía estética no autorizada dentro del Hospital Área Programa de Villa Regina, utilizando quirófanos, insumos y personal del Estado para operar a la esposa del propio cirujano del nosocomio. El caso quedó encuadrado como peculado de servicios y el perjuicio económico estimado supera los seis millones de pesos.
La audiencia se desarrolló por la mañana y dejó al descubierto una maniobra que, según la acusación fiscal, se ejecutó el 12 de enero de 2025 entre las 7:30 y las 18. Ese día, el cirujano Fernando Martínez habría dirigido y practicado una dermoplastia, una intervención estética, a su esposa, Paola Cabanay, dentro de las instalaciones del hospital público.
Pero el punto más grave, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal, es que la práctica se realizó “al margen del sistema regular de atención”. Es decir, sin orden médica formal, sin registro administrativo y sin autorización. En otras palabras, por fuera de los carriles legales que rigen el funcionamiento de la salud pública.
La lista de insumos utilizados es contundente. Según la acusación, se emplearon bisturíes láser, suturas, equipamiento de quirófano y medicación de alto costo como fentanilo, propofol y noradrenalina. El informe de farmacia detalló faltantes y calculó que el costo total para el Estado rionegrino asciende a $6.077.520,98.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que semejante operativo no pudo haberse concretado sin una estructura interna de colaboración. Por eso, además del cirujano, imputado como autor, quedaron alcanzados la ayudante, el anestesista y la propia Paola Cabanay, señalados como partícipes necesarios.
A su vez, tres enfermeras de quirófano, fueron imputadas como partícipes secundarios. En el legajo fiscal se afirma que Cabanay “con conocimiento de las circunstancias, consintió y aceptó que la práctica se realizara en el hospital público, acordando previamente con el autor la utilización de recursos estatales en su exclusivo beneficio”.
La audiencia contó con la presencia de los fiscales intervinientes, la querella en representación del Estado provincial y las distintas defensas públicas y particulares. Tras escuchar a las partes, el magistrado tuvo por formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía complete la investigación preparatoria.
Entre las pruebas incorporadas figuran la denuncia presentada por el director del hospital, copias del libro de quirófano, hojas de anestesia, capturas de conversaciones de WhatsApp y el informe técnico de farmacia que documenta el faltante de medicamentos e insumos.
