La detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo estadounidense activó una fuerte ofensiva judicial en la Argentina. Querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad presentaron un pedido formal ante los tribunales federales de Comodoro Py para que se inicien de inmediato los trámites de extradición y el exmandatario venezolano sea juzgado en territorio argentino.
La solicitud fue elevada al juez federal Sebastián Ramos por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de la Fundación Apolo (FADER) y de víctimas directas. El planteo se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a la Justicia argentina a intervenir cuando se trata de crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, aun cuando hayan sido cometidos fuera del país.
El pedido se sustenta en el principio de jurisdicción universal, bajo el cual los denunciantes buscan que Maduro responda por torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y violaciones sistemáticas atribuidas al aparato estatal venezolano. Según los querellantes, la reciente captura del líder chavista abre una oportunidad clave para avanzar con el juzgamiento por los crímenes más graves.
La causa no es nueva. En septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición, en el marco de una investigación que describe un plan sistemático de represión contra la población civil venezolana. Ese antecedente es uno de los pilares centrales del nuevo pedido judicial.
El reclamo se produce en un escenario diplomático delicado, ya que actualmente Maduro se encuentra bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo. Esta situación obliga a definir el orden de prioridad entre los distintos procesos judiciales abiertos en su contra.
“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuentas por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado, que también fue remitido a la Cancillería argentina.
Los próximos pasos procesales incluyen la formalización del pedido por parte del juez Ramos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la apertura de instancias de cooperación internacional con Estados Unidos. El objetivo de los denunciantes es claro: evitar que los crímenes de lesa humanidad queden relegados frente a las causas por narcotráfico y garantizar que el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas sea el eje central del proceso.
