Luego de su aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró el proceso en la Cámara de Diputados y este miércoles dará inicio al debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa clave para los planes del Gobierno de atraer inversiones millonarias en los sectores de megaminería e hidrocarburos. La propuesta marca un paso significativo hacia la flexibilización de la normativa vigente.
El plenario de comisiones, que comenzará a las 10, reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente -presidida por el libertario José Peluc- y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. A pesar de que el Gobierno tiene como objetivo que la reforma se convierta en ley antes de fin de mes, la discusión no se agotará con la firma del dictamen este miércoles.
Fuentes del oficialismo indican que el gobierno de Javier Milei, que estará acompañado por una delegación oficial en el Argentina Week 2026 en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, planea usar la media sanción del Senado como una herramienta para atraer la atención de inversores internacionales interesados en la extracción de recursos del suelo argentino. Esta estrategia refleja la intención del Ejecutivo de proyectar la reforma como una señal clara de apoyo a la inversión en sectores clave de la economía.
Aunque la presión por avanzar es alta, no se descarta que, en paralelo a los eventos internacionales, el dictamen pueda firmarse la próxima semana y ser aprobado en el recinto de la Cámara baja.
El 26 de febrero, el Senado aprobó la reforma con 40 votos a favor y 31 en contra, incluidos los votos disidentes de los exgobernadores peronistas de San Juan, Sergio Uñac, y Catamarca, Lucía Corpacci. La reforma fue presentada como un compromiso del Gobierno con los gobernadores de las provincias cordilleranas, quienes buscan una legislación más flexible para facilitar las inversiones en minería e hidrocarburos, áreas que se consideran estratégicas para el crecimiento económico del país.
Sin embargo, la reforma no está exenta de controversias. Las organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación, argumentando que la modificación de la ley podría poner en riesgo la protección de los glaciares y de los ecosistemas de las regiones cordilleranas, elementos clave para la biodiversidad y la sostenibilidad del país.
¿Qué plantea la modificación de la ley?
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
