El Gobierno nacional terminó de negociar cambios en el proyecto que modifica la Ley de Glaciares 26639 y se prepara para una votación decisiva este jueves en el Senado, donde reconoce que los números son extremadamente ajustados.
En la Casa Rosada admiten que el oficialismo necesita reunir 37 votos y que cualquier cambio de postura podría hacer caer la iniciativa. Aun así, sostienen que cuentan con el respaldo necesario para avanzar con la media sanción, pese a que bloques como el PRO y la UCR anticiparon que votarán divididos.
Las miradas están puestas en el bloque peronista Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, y también en la senadora chubutense Edith Terenzi, quien evitó adelantar públicamente su posición. En el oficialismo interpretaron como un gesto político la reciente designación de Moisés como vicepresidenta de la Cámara Alta.
La norma vigente, aprobada en 2010, establece fuertes restricciones a la actividad extractiva en glaciares y en el ambiente periglacial, al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. El proyecto impulsado por el Ejecutivo busca habilitar la posibilidad de desarrollar actividades mineras e hidrocarburíferas en determinadas zonas, especialmente en provincias cordilleranas como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que la determinación sobre la “relevancia hídrica” de un glaciar quedaría en manos de las provincias, que podrán evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos productivos. Hasta ahora, la legislación prohíbe cualquier actividad extractiva en esas áreas.
Entre las modificaciones incorporadas al dictamen original se agregaron referencias explícitas a la Ley General del Ambiente 25675 y a la Ley de Gestion Ambiental del Agua 25688, estableciendo que las actividades no podrán generar daños ambientales y deberán cumplir con los estándares de monitoreo de calidad y cantidad de agua.
Sin embargo, sectores ambientalistas cuestionaron la reforma. El abogado Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, consideró que los cambios introducidos son “cosméticos” y que mencionar el cumplimiento de otras leyes resulta redundante. También advirtió que el texto no precisa el alcance de los estudios técnicos-científicos que definirán la relevancia hídrica.
Otro aspecto sensible es el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Según el nuevo esquema, ese registro se mantendría vigente hasta que las autoridades provinciales determinen que un glaciar no cumple función hídrica relevante, lo que podría derivar en su exclusión del inventario.
La votación de este jueves definirá no solo el futuro de la normativa ambiental sino también el alcance del poder provincial sobre los recursos naturales, en una sesión que se anticipa ajustada y cargada de tensión política.
