Un debate que sacude al Senado
La discusión por la reforma laboral volvió a instalar un clima de máxima tensión en la Cámara alta. El proyecto impulsado por el Gobierno, presentado como una actualización del régimen vigente, generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición que sostienen que implica un retroceso en derechos laborales históricos.
El eje de la polémica se concentra en los cambios propuestos en la organización de la jornada laboral, el esquema de contratación y el impacto que tendría sobre las finanzas provinciales.
“Va en contra de los trabajadores”
El presidente del bloque peronista en el Senado, José Mayans, fue uno de los más duros durante el debate. En declaraciones a la prensa sostuvo: “Esta reforma laboral va en contra de los trabajadores”.
El legislador aseguró que su espacio “no está conforme” con la iniciativa porque, según afirmó, “viola” el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos laborales, sociales y condiciones dignas de trabajo.
El cuestionamiento no se limitó al plano constitucional. Mayans también advirtió que el proyecto desconoce compromisos asumidos en tratados internacionales y planteó reparos puntuales sobre herramientas como el Banco de Horas.
Banco de Horas y salarios en la mira
Uno de los puntos más controvertidos es la implementación del Banco de Horas, un sistema que permite compensar horas trabajadas en distintos períodos sin que necesariamente se liquiden como horas extras en el momento.
Desde la oposición sostienen que este esquema podría alterar el régimen tradicional de jornada y afectar la remuneración de los trabajadores. En ese contexto, Mayans remarcó que los salarios actuales “son mínimos”, lo que, según su visión, agrava el impacto de cualquier modificación en las condiciones laborales.
El impacto en las provincias
El debate también sumó un capítulo vinculado a las finanzas provinciales. Mayans afirmó: “Esto va en contra no solamente de los trabajadores, sino de las ganancias y de los gobiernos provinciales, porque el oficialismo va a ir directamente hacia las cajas previsionales de las provincias. Santa Fe, por ejemplo, va a apoyar esto, en medio del problema que tiene con la Policía…”.
La mención encendió aún más la discusión política en torno al alcance real de la reforma y sus posibles consecuencias sobre los sistemas previsionales locales.
Una votación que puede redefinir el escenario laboral
Con posiciones cada vez más polarizadas, el proyecto avanza en medio de advertencias cruzadas y acusaciones de inconstitucionalidad. Lo que está en juego no es solo una modificación técnica del régimen laboral, sino el alcance de derechos que forman parte del núcleo duro de la legislación argentina.
El Senado deberá definir si acompaña la iniciativa oficial o si introduce cambios sustanciales. Mientras tanto, el debate ya instaló una pregunta que atraviesa la discusión pública: hasta dónde puede llegar una reforma sin alterar el equilibrio entre modernización y protección laboral.