La Justicia investiga un presunto esquema financiero que habría afectado a al menos 17 clubes del fútbol argentino, en el que la empresa Sur Finanzas otorgaba préstamos con tasas consideradas usurarias y, como contrapartida, recibía los derechos de televisación de las instituciones endeudadas. De acuerdo con el avance de la causa, la operatoria se habría realizado con aval, permiso e incluso recomendación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El expediente está a cargo del juez federal Luis Armella y tiene como principal investigado al empresario Ariel Vallejo, señalado como una figura clave dentro del circuito de financiamiento del fútbol. Según los elementos reunidos, varios clubes recurrieron a Sur Finanzas para obtener fondos urgentes y terminaron atrapados en compromisos difíciles de sostener, con intereses elevados y condiciones que derivaron en la cesión de ingresos por televisión.
Uno de los casos que concentra mayor atención es el de San Lorenzo, donde la Justicia detectó un préstamo que no habría podido ser devuelto en los plazos pactados. Como consecuencia, el club habría resignado el cobro directo de sus derechos televisivos, que pasaron a ser percibidos por la financiera. En la causa consta que este mecanismo solo podía activarse con una solicitud formal del club y con la intervención de los organismos del fútbol, un dato que refuerza la hipótesis del aval institucional.
La investigación sostiene que la AFA no solo estaba al tanto de la operatoria, sino que en algunos casos habría sugerido a los clubes recurrir a Sur Finanzas como vía de financiamiento. Esa relación es uno de los ejes centrales del expediente, ya que explicaría cómo una empresa privada logró manejar flujos millonarios provenientes de los derechos de televisación del fútbol argentino.
El alcance del caso es amplio. Bajo análisis judicial figuran, entre otros, Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense, Temperley, Barracas Central, Almirante Brown, Morón, Los Andes y Dock Sud, lo que revela un problema estructural vinculado al financiamiento de las instituciones deportivas.
Desde el entorno de Ariel Vallejo sostienen que los préstamos no fueron irregulares y aseguran que, en el caso de San Lorenzo, la tasa aplicada fue del 50% y que el monto adeudado es muy inferior al que trascendió públicamente. Sin embargo, para la Justicia el foco no está solo en los porcentajes, sino en el mecanismo general de endeudamiento, la cesión de derechos y el rol de la AFA.
En paralelo, el expediente avanza con peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados, incluidos los del propio Vallejo y de su madre, quien figura como presidenta de Sur Finanzas. El objetivo es reconstruir comunicaciones, acuerdos y movimientos de dinero que permitan determinar si existieron maniobras de lavado de activos.
La causa también se conecta con otra investigación que detectó el uso de personas sin capacidad económica real para mover cifras millonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a la financiera. Ante ese escenario, la Justicia dispuso embargos preventivos, preservación de bienes y la intervención de organismos de control, mientras se intenta desentrañar un esquema que expone la fragilidad financiera de los clubes y la opacidad en el manejo de los derechos de televisación.
