El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas que impactarán directamente en quienes realizan compras en el exterior, especialmente en países limítrofes como Chile. A partir de julio, entrará en vigencia un sistema más estricto de control sobre las operaciones con tarjetas de crédito y débito realizadas fuera del país. La iniciativa fue oficializada mediante el Decreto 5662/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el organismo encargado de fiscalizar estas operaciones. Según se detalló, los bancos y entidades emisoras de tarjetas deberán informar a ARCA una serie de datos cada vez que un ciudadano argentino compre bienes o servicios en el extranjero. Esto incluye tanto las compras presenciales como aquellas realizadas a través de plataformas digitales.
El objetivo de esta nueva normativa, según expresa el decreto, es reforzar la capacidad de control del Estado en materia tributaria y aduanera. Además, se busca facilitar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y reducir los niveles de evasión e informalidad en las importaciones personales.
Entre los datos que ahora deberán reportar las entidades financieras se encuentran: el número y marca de la tarjeta utilizada, el CUIT de la entidad emisora, la fecha de la operación, el país donde se realizó la compra, el tipo de moneda, el monto total tanto en moneda extranjera como en pesos, y la identificación del comercio, entre otros.
En total, son once los ítems que deberán ser informados a ARCA por cada operación. Esta carga informativa, que recaerá sobre las entidades financieras, busca dotar al organismo estatal de herramientas más eficaces para detectar posibles irregularidades o triangulaciones comerciales.
Estas medidas se suman a otras restricciones vigentes, como las limitaciones sobre ciertos productos cuyo ingreso está prohibido y los topes de compra que varían según el medio de transporte utilizado para regresar al país. En este sentido, se espera que las nuevas exigencias impacten en los hábitos de consumo de quienes viajan para hacer compras, especialmente a Chile.
Desde distintos sectores del comercio y el turismo ya comenzaron a manifestarse al respecto. Algunas cámaras empresarias señalaron su preocupación por el posible impacto negativo en el consumo en regiones fronterizas, donde muchas familias aprovechan los precios más bajos del otro lado de la cordillera. También hay inquietud sobre cómo se implementará el sistema y qué tan accesible será para los contribuyentes poder seguir sus movimientos en detalle.
El Ejecutivo espera que los efectos concretos de esta normativa se empiecen a notar hacia fin de año. Como su implementación comienza en julio, habrá un período de adaptación tanto para los consumidores como para las entidades bancarias encargadas de transmitir la información.